,

LA FEDERACIÓN ENLACE EXIGE EL DESBLOQUEO DE LA DEROGACIÓN DE LA LEY MORDAZA

Una ley que recorta derechos y que genera inseguridad e indefensión del ciudadano ante la propia administración, que, eufemísticamente, se denominó como de “protección de la seguridad ciudadana”, no debe ser reformada sino derogada.

Cuando, en marzo de 2015, el Parlamento, con los únicos votos a favor del Partido Popular y la oposición del resto de los grupos, aprobó la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, múltiples organismos nacionales e internacionales, instituciones, partidos políticos y un gran número de ciudadanos y ciudadanas consideramos como una actuación de urgencia la derogación de la misma en cuanto las mayorías parlamentarias lo permitieran.

Más de tres años después, la Ley Mordaza sigue en vigor, a pesar de los reiterados compromisos de quienes nos representan de que sería derogada. En estos días, se ha hecho pública la información de que se han desbloqueado en la Comisión de Interior los trabajos para su reforma (que no derogación).

Desde la Federación Andaluza Enlace exigimos que se retomen las mismas posiciones que se mantuvieron en el momento de su aprobación, y que no se maquille la ley con reformas puntuales que puedan dejar en vigor tantísimos artículos que atacan directamente las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía. En palabras de Antonio Escobar, Presidente de Enlace, “no se trata de parchear una ley insostenible, sino de recuperar todos y cada uno de los derechos que la misma vulnera”.

 Hablamos de derechos básicos, como los de expresión, manifestación, reunión… pero también de una concepción de la autoridad que nos convierte, a la ciudadanía, en súbditos de las autoridades.

Pero muy especialmente, en el ámbito de las drogodependencias, en el que trabajamos todas las entidades federadas en ENLACE, consideramos de vital importancia que se legisle con criterios racionales, esto es: que se reflexione sobre las políticas prohibicionistas, y por tanto sobre la forma (actual e históricamente fracasada) de enfrentarse al fenómeno de las drogas, y, que, sin criminalizar a las personas consumidoras, se sancionen únicamente las conductas más graves. Y desde luego, siempre que esas conductas que se pretendan sancionar, efectivamente, pongan en peligro la seguridad ciudadana.

No queremos dejar de expresar nuestra preocupación por la falta de sensibilidad en relación con la incorporación social de las personas con problemas de drogodependencias, a las que se les ponen cada vez más trabas para enfrentarse a su proceso rehabilitador. Y en este punto, denunciamos que la Ley Mordaza eliminara la posibilidad de lograr la suspensión de las sanciones impuestas a personas que acreditaran su adicción e iniciaran tratamiento. Para Antonio Escobar, “este es un asunto irrenunciable, y reiteramos nuestra exigencia de que se recupere la suspensión, que no es un beneficio, sino una oportunidad que se debe seguir ofreciendo a las personas que consumen drogas”.

Nota.- El texto está íntegramente tomado de la Federación ENLACE.

,

LA FEDERACIÓN ENLACE CELEBRA EN CÁDIZ UNA JORNADA JURÍDICA SOBRE ADICCIONES

El pasado día 15 de junio ha tenido lugar en el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, con su colaboración, la Jornada Jurídica sobre Adicciones organizadas por la Comisión Jurídica de la Federación Andaluza Enlace, siendo inauguradas por el Decano del Colegio, Pascual Valiente, y Antonio Escobar, Presidente de ENLACE. En dicha inauguración se ha resaltado la importancia de celebrar este tipo de encuentros, que facilitan la coordinación entre el mundo judicial y el de las adicciones, así como el trabajo del equipo jurídico de ENLACE, formado por 9 abogados/as que dan asesoramiento y asistencia jurídica a aquellas personas que se encuentran en tratamiento en Centros públicos de adicciones en Andalucía, en la búsqueda de alternativas a medidas de represión y privativas de libertad. Complementando su actuación con la importante labor que se desempeña desde ENLACE en materia de mediación y justicia restaurativa.

En esta Jornada se ha denunciado que las políticas de drogas de corte prohibicionista, implantadas en la ONU desde los años 60, han fracasado: ni las drogas ni las adicciones han desaparecido de nuestra sociedad, haciendo las mafias más poderosas; por lo que se hace necesario revisar esas medidas y sustituirlas por otras más justas y eficaces.federación enlace adicciones

Poniendo de manifiesto nuestra preocupación especial por la Comarca de Gibraltar, instando para la existencia de un plan de actuación integral y que las Administraciones Públicas se impliquen en buscar alternativas laborales y educacionales.

De la mano de Rafael Ramos, abogado de Málaga, hemos podido conocer la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el tratamiento legal de los clubes cannábicos, acercándonos a su funcionamiento y a las sentencias más recientes.

Hemos debatido sobre “La cuestión de inconstitucionalidad en materia de seguridad vial y drogas” y la sentencia del Tribunal Constitucional resultante, gracias a la intervención de Carmen Martínez, Magistrada del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Algeciras. También se han debatido las dudas que se plantean con las sanciones por mera presencia de drogas sin constatar que afecte a las facultades en la conducción.

federación enlace adicciones 03Por último, durante la mesa redonda “Respuestas jurídicas al consumo”, se han expuesto las herramientas que los agentes que intervienen en el ámbito judicial de adicciones pueden usar y la función de los terapeutas de los centros de tratamiento. Dicha mesa ha contado con la participación de Juan Coloma, Magistrado del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Cádiz, Carmen Picón, Trabajadora Social del Centro Provincial de Drogodependencias de Cádiz y del Centro de Tratamiento de Jerez, y Marina Fontana Abogada de Málaga.

,

LA JUNTA IMPLANTA UNA FIGURA ESPECIAL DE CONCIERTO DE SERVICIOS SOCIALES QUE DA PRIORIDAD A LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Publicada la regulación de la nueva modalidad, que incluye exigencias de calidad en la atención a las personas mayores, menores y con discapacidad.

El Consejo de Gobierno ha aprobado y publicado en BOJA el decreto regulador del concierto social, una figura administrativa especial que prioriza la contratación de entidades sin ánimo de lucro para la prestación de servicios sociales públicos. Esta modalidad de gestión indirecta, prevista en la legislación andaluza en vigor desde 2017 y acorde con la actual normativa estatal de contratación pública, sustituirá a las actuales fórmulas de convenios de colaboración y contratos convencionales. Los que actualmente estén suscritos se mantendrán en vigor por un plazo máximo de dos años.

De acuerdo con el decreto, el concierto social se configura como un instrumento administrativo adaptado a las peculiaridades y necesidades que presenta la gestión de servicios como los de atención a la dependencia o a las personas mayores, menores y con discapacidad. A diferencia de las fórmulas que se aplican en otros ámbitos, refuerza las garantías de calidad en la atención y fomenta la iniciativa social frente a la privada. Así, en igualdad de condiciones tendrán prioridad ese tipo de entidades o, en su defecto, otras similares como las cooperativas sin ánimo de lucro. Sólo cuando éstas no concurran se podrá concertar con empresas.

La norma aprobada por el Consejo establece para este nuevo tipo de concierto tiene exigencias específicas que responden a las particularidades de los servicios sociales. De este modo, se valoran principios como los vínculos preexistentes de tipo afectivo o terapéutico de las entidades con las personas; la atención continuada a personas, familias o grupos; la proximidad a la población destinataria, y la asistencia especializada y de calidad. El objetivo es mantener al máximo una prestación en el entorno y con los mismos referentes personales y profesionales, capaz de garantizar la seguridad emocional que necesitan las personas que viven en residencias o asisten a centros de día.

Cláusulas sociales

Junto con estas condiciones, y en línea con la nueva normativa que desde 2016 impulsa el Gobierno andaluz para introducir cláusulas ambientales en la contratación pública autonómica, la regulación del concierto social incluye exigencias relativas la dignidad de las condiciones laborales, la inclusión social, la igualdad de género y el respeto al medio ambiente. Cuando las entidades licitadoras tengan una plantilla igual o superior a cincuenta personas, al menos un 2% deberán ser discapacitadas. Por su parte, las de más de 250 trabajadores deberán disponer de un plan de igualdad entre hombres y mujeres, mientras que las restantes garantizarán medidas e iniciativas de incorporación de la perspectiva de género.

La convocatoria de licitación del concierto se hará de oficio, mientras que la adjudicación correrá a cargo de una comisión de valoración integrada por personas empleadas públicas con conocimiento y experiencia en la materia que no tengan ningún tipo de vínculo con las entidades aspirantes. La presidencia y la secretaría de esta comisión serán desempeñadas por funcionarias.

El decreto aprobado hoy desarrolla una de las principales previsiones de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, en vigor desde 2017. Con esta norma Andalucía se convirtió este año en la primera comunidad autónoma en blindar con rango legal las coberturas básicas en esta materia. En este sentido, establece nuevos derechos, como la libre elección del profesional, y prestaciones básicas garantizadas exigibles por la ciudadanía; crea la Historia Social Única Digital para cada persona, y recoge la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.

DECRETO REGULACIÓN CONCIERTO SOCIAL

,

NOESSO, JUNTO A LAS FEDERACIONES FADAL Y ENLACE RECLAMAN UN CAMBIO PROFUNDO EN LA POLÍTICA DE DROGAS

2017-06-26-PHOTO-00000071Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el movimiento asociativo que trabaja en la prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones, demandan nuevas políticas de drogas que prioricen la salud pública y los derechos humanos frente a la mera prohibición y criminalización de quienes las consumen.

Ante el fracaso de las políticas que criminalizan apostamos por políticas que previenen y que rehabilitan.

 El uso de sustancias con propiedades psicoactivas está ligada a la historia de la humanidad. Se han utilizado en todos los tiempos y por todas las culturas. Sin embargo la forma en que cada cultura las emplea y las regula puede acarrear muchas y muy diversas complicaciones.

El abordaje que ha predominada hasta ahora es el de prohibir su venta, perseguir a quienes trafican y criminalizar a las personas que las utilizan. A esto se destina el mayor esfuerzo en personas y recursos económicos en nuestro país. Baste solo un dato, para hacer visible el enfoque que damos a esta problemática. En Almería existe una población reclusa de 820 personas, de esta población se calcula que cerca del 50 % de estas personas, sus delitos están asociados directa o indirectamente al consumo y tráfico de drogas. Mientras tanto, solo contamos con veinte plazas concertadas en Almería, para el internamiento y tratamiento en comunidades terapéuticas de personas con problemas de adicciones.

2017-06-26-PHOTO-00000010Cuando se produce una condena susceptible de buscar alternativa a la prisión generalmente no es posible.

Aprovechando la celebración de este día hemos visitado a la Presidenta de la Audiencia Provincial Dª Lourdes Molina y al Juez Decano, Don Luís Columna, para hacerles partícipes de nuestras preocupaciones y pedir que se apliquen las medidas alternativas de ingreso a la prisión, y lejos de encontrar disparidad de criterios, en ambos casos hemos encontrado actitudes de acogida y agradecimiento por nuestra iniciativa. Las dificultades son de orden estructural. Cuando se solicita una plaza pública el tiempo de espera suele ser muy largo, y “cuando se dicta una sentencia la única opción que queda es aplicar la pena, en el recurso de que se dispone, la cárcel”, nos confesaba el Juez Columna.

La violencia de género, y las condenas por conducción bajo los efectos de las drogas dos de los delitos en alza, vinculados a las adicciones.

En este Día no podemos olvidar la brecha de género. La doble penalización social y familiar contra las mujeres. Cuando son consumidoras porque son víctimas de rechazo y, con frecuencia de malos tratos, desde su entorno más próximo, y cuando su rol es el de compañeras de hombres con adicciones, porque son igualmente objetos de abuso y violencia por parte de los mismos.

Por último señalar el aumento de los delitos donde el consumo de alcohol y otras drogas está por medio. No pedimos que se baje la guardia ante este tipo de conductas temerarias que tantas vidas se lleva por delante, pero sí que se multipliquen las herramientas educativas y preventivas, que prácticamente se han barrido con la llegada de la crisis.

Menos prisión y más recursos educativos y terapéuticos

 Nuestra alternativa es clara: Menos prisión y más recursos educativos y terapéuticos. No pedimos más recursos, sino que buena parte de lo que gastamos en represión administrativa y en mantener a personas privadas de libertad, con delitos asociados a su consumo y adicciones, lo empleemos en medidas restaurativas.

El coste diario aproximado de una persona ingresada en prisión, según un Informe de Consejo de Europa (2012) es de 1950 €, mucho más de lo que cuesta el tratamiento en una Comunidad Terapéutica, y las consecuencias y resultados no tienen parangón posible.

,

LA POLÍTICA DE DROGAS HA FRACASADO Y LA ALTERNATIVA ES CLARA: APOYA, NO CASTIGUES.

Con motivo del 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, desde la Federación ENLACE, de la cual NOESSO forma parte un año más nos unimos a la campaña mundial Support, Don’t Punish (“Apoya. No castigues”), con el fin de promover unas políticas de drogas que prioricen la salud pública y los derechos humanos frente a la mera prohibición.

ANTE EL FRACASO DE LAS POLÍTICAS CRIMINALES…

El uso de sustancias con propiedad psicoactivas está ligado a la historia de la humanidad, ha existido siempre y siempre existirá. Las actuales políticas de drogas, surgidas en el siglo XX y consolidadas a través de tratados internacionales, se limitan a establecer prohibiciones a la venta y uso de estas sustancias. Esta “guerra contra las drogas”, ha tenido desastrosas consecuencias:

1. Criminalización de las personas drogodependientes. La mayoría de los fondos públicos se destinan a perseguir a las personas que se encuentran en los eslabones más bajos de la cadena del mercado de las drogas, en detrimento del desarrollo de programas de prevención, tratamiento y reducción de daños. Las personas drogodependientes, en muchos casos, acaban en prisiones donde no existen las misma posibilidades terapéuticas que en libertad. Se calcula que en Andalucía hay más de 10.000 personas en prisión por problemas relacionados con las drogas (unos 9.100 hombres y 900 mujeres), la mayoría cumpliendo condenas por delitos de baja o media gravedad.

2. Represión administrativa mediante multas a las personas usuarias de drogas. Pese a que el consumo de drogas no está prohibido en nuestro país, al tratarse de una conducta libre que no daña a terceros, la Ley de Seguridad Ciudadana, recientemente reformada en 2015 y justamente bautizada como Ley Mordaza, impone duras sanciones económicas a las personas usuarias de drogas.

3. Daños a la salud de las personas consumidoras y de la sociedad en general. Al estar perseguida la venta, las condiciones en las que las personas se ven obligadas a consumir son también clandestinas, la mayoría de las veces sin medios higiénicos y sin conocer la composición/adulteración de las sustancias, lo que ha supuesto muchas muertes y el contagio masivo de enfermedades infecciosas (VIH, hepatitis, tuberculosis…). Por otro lado, la falta de regulación también impide que muchas sustancias se usen con fines terapéuticos, pese a sus reconocidas propiedades.

4. Profundización de la brecha de género. Está comprobado que las mujeres tienen más dificultades en acceder a los recursos y visibilizar su adicción, por la doble estigmatización que sufre, como adicta y como mujer que no cumple el rol atribuido por la sociedad patriarcal. Al mismo tiempo, las mujeres que consumen drogas sufren con más frecuencia violencia de género.

5. Desarrollo de estructuras de corrupción que dificultan el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. La existencia de un mercado ilegal, que provee de ingentes beneficios a poderosas organizaciones criminales, socava el papel de las instituciones democráticas en todo el mundo.

6. Empobrecimiento de las poblaciones más vulnerables y daños al medio ambiente. Las poblaciones campesinas de los países productores de drogas se ven forzadas a cultivar coca, amapola o marihuana bajo la extorsión de los narcotraficantes. Cuando los gobiernos intentan combatir estos cultivos mediante fumigaciones masivas, las áreas acaban deforestadas. En nuestro país, los barrios más empobrecidos también ven limitadas sus posibilidades de desarrollo.

… HAY ALTERNATIVAS.

Desde NOESSO y ENLACE planteamos:

1. Regulación y control de los mercados, empezando por el cannabis.
2. Prevención del uso abusivo, dotando a la población de herramientas para un consumo responsable.
3. Políticas centradas en el fomento de la salud y en la igualdad de género.
4. Mayores recursos destinados al tratamiento y la reducción de daños.
5. Fomento de la justicia restaurativa y abandono del uso masivo de la cárcel como herramienta de control social.
6. Disminución de los inaceptables niveles de desigualdad económica, mediante políticas redistributivas globales y estatales.

noesso- enlace