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LA JUNTA IMPLANTA UNA FIGURA ESPECIAL DE CONCIERTO DE SERVICIOS SOCIALES QUE DA PRIORIDAD A LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Publicada la regulación de la nueva modalidad, que incluye exigencias de calidad en la atención a las personas mayores, menores y con discapacidad.

El Consejo de Gobierno ha aprobado y publicado en BOJA el decreto regulador del concierto social, una figura administrativa especial que prioriza la contratación de entidades sin ánimo de lucro para la prestación de servicios sociales públicos. Esta modalidad de gestión indirecta, prevista en la legislación andaluza en vigor desde 2017 y acorde con la actual normativa estatal de contratación pública, sustituirá a las actuales fórmulas de convenios de colaboración y contratos convencionales. Los que actualmente estén suscritos se mantendrán en vigor por un plazo máximo de dos años.

De acuerdo con el decreto, el concierto social se configura como un instrumento administrativo adaptado a las peculiaridades y necesidades que presenta la gestión de servicios como los de atención a la dependencia o a las personas mayores, menores y con discapacidad. A diferencia de las fórmulas que se aplican en otros ámbitos, refuerza las garantías de calidad en la atención y fomenta la iniciativa social frente a la privada. Así, en igualdad de condiciones tendrán prioridad ese tipo de entidades o, en su defecto, otras similares como las cooperativas sin ánimo de lucro. Sólo cuando éstas no concurran se podrá concertar con empresas.

La norma aprobada por el Consejo establece para este nuevo tipo de concierto tiene exigencias específicas que responden a las particularidades de los servicios sociales. De este modo, se valoran principios como los vínculos preexistentes de tipo afectivo o terapéutico de las entidades con las personas; la atención continuada a personas, familias o grupos; la proximidad a la población destinataria, y la asistencia especializada y de calidad. El objetivo es mantener al máximo una prestación en el entorno y con los mismos referentes personales y profesionales, capaz de garantizar la seguridad emocional que necesitan las personas que viven en residencias o asisten a centros de día.

Cláusulas sociales

Junto con estas condiciones, y en línea con la nueva normativa que desde 2016 impulsa el Gobierno andaluz para introducir cláusulas ambientales en la contratación pública autonómica, la regulación del concierto social incluye exigencias relativas la dignidad de las condiciones laborales, la inclusión social, la igualdad de género y el respeto al medio ambiente. Cuando las entidades licitadoras tengan una plantilla igual o superior a cincuenta personas, al menos un 2% deberán ser discapacitadas. Por su parte, las de más de 250 trabajadores deberán disponer de un plan de igualdad entre hombres y mujeres, mientras que las restantes garantizarán medidas e iniciativas de incorporación de la perspectiva de género.

La convocatoria de licitación del concierto se hará de oficio, mientras que la adjudicación correrá a cargo de una comisión de valoración integrada por personas empleadas públicas con conocimiento y experiencia en la materia que no tengan ningún tipo de vínculo con las entidades aspirantes. La presidencia y la secretaría de esta comisión serán desempeñadas por funcionarias.

El decreto aprobado hoy desarrolla una de las principales previsiones de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, en vigor desde 2017. Con esta norma Andalucía se convirtió este año en la primera comunidad autónoma en blindar con rango legal las coberturas básicas en esta materia. En este sentido, establece nuevos derechos, como la libre elección del profesional, y prestaciones básicas garantizadas exigibles por la ciudadanía; crea la Historia Social Única Digital para cada persona, y recoge la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.

DECRETO REGULACIÓN CONCIERTO SOCIAL

SE HAN PRESENTADO A LOS REPRESENTANTES DE LA MESA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA LAS CLÁUSULAS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en un encuentro en el que la jefa del Ejecutivo autonómico presentó a las organizaciones miembros del Tercer Sector de Andalucía las nuevas cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública.

El pasado día 14 de Octubre, en Sevilla, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, recibió en la mañana de ayer a los representantes de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía. Susana Díaz estuvo acompañada de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y por la secretaria general de Servicios Sociales, Purificación Gálvez.

La presidenta del Ejecutivo andaluz les explicó los detalles del acuerdo que suscribió el pasado lunes el Gobierno andaluz con los sindicatos UGT-A y de CCOO en Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) por el cual se incorporarán cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos.

A partir de ahora las cláusulas sociales y medioambientales que incorporará Andalucía en la contratación de la Administración autonómica persiguen entre sus objetivos la “protección de los derechos laborales” de quienes trabajan en empresas que contratan con la Administración andaluza, garantizando entre otros aspectos salarios justos, condiciones laborales dignas o medidas para la conciliación.
De esta forma, la Junta y sus entes instrumentales incorporarán estas cláusulas con el fin de consolidar un tejido empresarial sostenible, así como promover la inserción laboral de las personas con más dificultades de acceso al empleo, primando a las personas que perciben la renta mínima, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y jóvenes menores de 30 años con escasa formación y experiencia laboral.

A partir de la aplicación de las cláusulas sociales, cualquier empresa que haya contratado con la Junta de Andalucía verá cancelado su contrato automáticamente si está dos meses sin abonar el salario a su plantilla.

También se establece la prohibición de contratar con la Junta para aquellas empresas que incumplen la legislación ambiental o han sido sancionadas por infracción muy grave en materia social. De este modo, quedarían excluidas directamente las empresas licitadoras con 50 o más trabajadores en cuya plantilla no estén contratados al menos un 2% de personas con discapacidad.

Además del contenido de las cláusulas sociales, la presidenta de la Junta de Andalucía trasladó a los representantes de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía su compromiso con que el proyecto de Ley de Servicios Sociales sea aprobado lo antes posible para poder desarrollar el concierto social, que permitirá a las entidades sociales acceder a la concertación en materia de servicios sociales con la administración andaluza.

La Mesa del Tercer Sector de Andalucía fue constituida en 2012 y está presidida por Manuel Sánchez Montero, e integrada, entre otras organizaciones, por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (CERMI-Andalucía); la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A); la Plataforma Andaluza de Voluntariado; Cáritas; Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Andalucía.