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LA FEDERACIÓN ENLACE EXIGE EL DESBLOQUEO DE LA DEROGACIÓN DE LA LEY MORDAZA

Una ley que recorta derechos y que genera inseguridad e indefensión del ciudadano ante la propia administración, que, eufemísticamente, se denominó como de “protección de la seguridad ciudadana”, no debe ser reformada sino derogada.

Cuando, en marzo de 2015, el Parlamento, con los únicos votos a favor del Partido Popular y la oposición del resto de los grupos, aprobó la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, múltiples organismos nacionales e internacionales, instituciones, partidos políticos y un gran número de ciudadanos y ciudadanas consideramos como una actuación de urgencia la derogación de la misma en cuanto las mayorías parlamentarias lo permitieran.

Más de tres años después, la Ley Mordaza sigue en vigor, a pesar de los reiterados compromisos de quienes nos representan de que sería derogada. En estos días, se ha hecho pública la información de que se han desbloqueado en la Comisión de Interior los trabajos para su reforma (que no derogación).

Desde la Federación Andaluza Enlace exigimos que se retomen las mismas posiciones que se mantuvieron en el momento de su aprobación, y que no se maquille la ley con reformas puntuales que puedan dejar en vigor tantísimos artículos que atacan directamente las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía. En palabras de Antonio Escobar, Presidente de Enlace, “no se trata de parchear una ley insostenible, sino de recuperar todos y cada uno de los derechos que la misma vulnera”.

 Hablamos de derechos básicos, como los de expresión, manifestación, reunión… pero también de una concepción de la autoridad que nos convierte, a la ciudadanía, en súbditos de las autoridades.

Pero muy especialmente, en el ámbito de las drogodependencias, en el que trabajamos todas las entidades federadas en ENLACE, consideramos de vital importancia que se legisle con criterios racionales, esto es: que se reflexione sobre las políticas prohibicionistas, y por tanto sobre la forma (actual e históricamente fracasada) de enfrentarse al fenómeno de las drogas, y, que, sin criminalizar a las personas consumidoras, se sancionen únicamente las conductas más graves. Y desde luego, siempre que esas conductas que se pretendan sancionar, efectivamente, pongan en peligro la seguridad ciudadana.

No queremos dejar de expresar nuestra preocupación por la falta de sensibilidad en relación con la incorporación social de las personas con problemas de drogodependencias, a las que se les ponen cada vez más trabas para enfrentarse a su proceso rehabilitador. Y en este punto, denunciamos que la Ley Mordaza eliminara la posibilidad de lograr la suspensión de las sanciones impuestas a personas que acreditaran su adicción e iniciaran tratamiento. Para Antonio Escobar, “este es un asunto irrenunciable, y reiteramos nuestra exigencia de que se recupere la suspensión, que no es un beneficio, sino una oportunidad que se debe seguir ofreciendo a las personas que consumen drogas”.

Nota.- El texto está íntegramente tomado de la Federación ENLACE.

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LA POLÍTICA DE DROGAS HA FRACASADO Y LA ALTERNATIVA ES CLARA: APOYA, NO CASTIGUES.

Con motivo del 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, desde la Federación ENLACE, de la cual NOESSO forma parte un año más nos unimos a la campaña mundial Support, Don’t Punish (“Apoya. No castigues”), con el fin de promover unas políticas de drogas que prioricen la salud pública y los derechos humanos frente a la mera prohibición.

ANTE EL FRACASO DE LAS POLÍTICAS CRIMINALES…

El uso de sustancias con propiedad psicoactivas está ligado a la historia de la humanidad, ha existido siempre y siempre existirá. Las actuales políticas de drogas, surgidas en el siglo XX y consolidadas a través de tratados internacionales, se limitan a establecer prohibiciones a la venta y uso de estas sustancias. Esta “guerra contra las drogas”, ha tenido desastrosas consecuencias:

1. Criminalización de las personas drogodependientes. La mayoría de los fondos públicos se destinan a perseguir a las personas que se encuentran en los eslabones más bajos de la cadena del mercado de las drogas, en detrimento del desarrollo de programas de prevención, tratamiento y reducción de daños. Las personas drogodependientes, en muchos casos, acaban en prisiones donde no existen las misma posibilidades terapéuticas que en libertad. Se calcula que en Andalucía hay más de 10.000 personas en prisión por problemas relacionados con las drogas (unos 9.100 hombres y 900 mujeres), la mayoría cumpliendo condenas por delitos de baja o media gravedad.

2. Represión administrativa mediante multas a las personas usuarias de drogas. Pese a que el consumo de drogas no está prohibido en nuestro país, al tratarse de una conducta libre que no daña a terceros, la Ley de Seguridad Ciudadana, recientemente reformada en 2015 y justamente bautizada como Ley Mordaza, impone duras sanciones económicas a las personas usuarias de drogas.

3. Daños a la salud de las personas consumidoras y de la sociedad en general. Al estar perseguida la venta, las condiciones en las que las personas se ven obligadas a consumir son también clandestinas, la mayoría de las veces sin medios higiénicos y sin conocer la composición/adulteración de las sustancias, lo que ha supuesto muchas muertes y el contagio masivo de enfermedades infecciosas (VIH, hepatitis, tuberculosis…). Por otro lado, la falta de regulación también impide que muchas sustancias se usen con fines terapéuticos, pese a sus reconocidas propiedades.

4. Profundización de la brecha de género. Está comprobado que las mujeres tienen más dificultades en acceder a los recursos y visibilizar su adicción, por la doble estigmatización que sufre, como adicta y como mujer que no cumple el rol atribuido por la sociedad patriarcal. Al mismo tiempo, las mujeres que consumen drogas sufren con más frecuencia violencia de género.

5. Desarrollo de estructuras de corrupción que dificultan el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. La existencia de un mercado ilegal, que provee de ingentes beneficios a poderosas organizaciones criminales, socava el papel de las instituciones democráticas en todo el mundo.

6. Empobrecimiento de las poblaciones más vulnerables y daños al medio ambiente. Las poblaciones campesinas de los países productores de drogas se ven forzadas a cultivar coca, amapola o marihuana bajo la extorsión de los narcotraficantes. Cuando los gobiernos intentan combatir estos cultivos mediante fumigaciones masivas, las áreas acaban deforestadas. En nuestro país, los barrios más empobrecidos también ven limitadas sus posibilidades de desarrollo.

… HAY ALTERNATIVAS.

Desde NOESSO y ENLACE planteamos:

1. Regulación y control de los mercados, empezando por el cannabis.
2. Prevención del uso abusivo, dotando a la población de herramientas para un consumo responsable.
3. Políticas centradas en el fomento de la salud y en la igualdad de género.
4. Mayores recursos destinados al tratamiento y la reducción de daños.
5. Fomento de la justicia restaurativa y abandono del uso masivo de la cárcel como herramienta de control social.
6. Disminución de los inaceptables niveles de desigualdad económica, mediante políticas redistributivas globales y estatales.

noesso- enlace

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LA FEDERACIÓN ENLACE, DE LA QUE FORMAN PARTE UN CENTENAR DE ASOCIACIONES, NOESSO ENTRE ELLAS, PIDEN LA DEROGACIÓN DE “LA LEY MORDAZA”

QUEREMOS UNA LEY QUE NO VENGA A CRIMINALIZAR SINO A FACILITAR LA RECUPERACIÓN DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES

En la tarde de hoy se inician los trámites parlamentarios para tratar la posible derogación o reforma del articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como “Ley Mordaza”). Todos los partidos políticos que conforman el arco parlamentario, excepto el partido del Gobierno, se comprometieron a derogar esta ley en el momento en que las mayorías lo permitieran.

La mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana restringe los derechos y libertades públicas (libertad de expresión, manifestación y reunión) sin justificación alguna y puede conllevar la criminalización de las personas y entidades que, como ENLACE, creemos en una democracia activa y crítica. Además, la ley afecta de manera muy concreta al colectivo de personas con problemas de adicciones al aumentar las sanciones por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes (la multa mínima pasó de 301 a 601 €).

Y,  lo que es aún más grave, esta Ley niega la posibilidad, anteriormente vigente, de que se pueda suspender el pago de multa a cambio de iniciar un tratamiento de deshabituación.

Esta vía era muy importante y ha sido de comprobada eficacia para que personas con problemas de adicciones, muchas veces provenientes de contextos de exclusión social, accedieran a tratamientos que suponían una mejora de su salud, reduciendo los riesgos asociados al consumo e incrementando sus posibilidades de rehabilitación, lo cual redundaba en toda la sociedad.

Frente al tratamiento, esta Ley solo impone duras sanciones económicas que pesarán como una losa para aquellas personas que estén intentando recomponer sus vidas y superar su adicción. En este sentido, desde las entidades que formamos ENLACE abogamos por una política de drogas más realista, basada en la evidencia científica y no en cuestiones morales, más dirigida a la prevención y a la reducción de daños que a la actual persecución de las personas consumidoras.

En palabras de Antonio Escobar, presidente de ENLACE, “en un Estado de Derecho no podemos permitir que las personas con problemas de adicciones tengan oportunidades de rehabilitación en el ámbito penal mientras en el administrativo son duramente castigadas. La anterior Ley de Seguridad Ciudadana tenía un carácter terapéutico que ha desaparecido con esta reforma. Exigimos de los partidos políticos que deroguen cuantos artículos vulneran los derechos de la ciudadanía, y muy especialmente, que valoren la oportunidad de recuperar la suspensión de las sanciones económicas cuando las personas mayores de edad con problemas de adicción se sometan a
tratamiento”.

Para más información:

www.f-enlace.org

Luisa Márquez (609 54 56 87- 954 98 12 48)