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ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE DONACIÓN CONSULTA PRIMERO ESTOS 10 CONSEJOS QUE NOS PRESTA LA FUNDACIÓN LEALTAD

10 Consejos para donar ONG

La asociación Noesso esta acreditada por la Fundación Lealtad

VIDEO: DROGAS Y MENORES

Compartimos un video del programa «Solidarios» de Canal Sur Radio y Televisión del pasado viernes en que han intervenido tanto Federación Enlace como Fundación EMET Arco Iris . Adicciones y trastornos de conducta en menores explicando parte de lo que hacemos y pensamos aquí en Noesso en el ámbito de la prevención.

LA ASOCIACIÓN NOESSO SE REUNE CON LOS SECRETARIOS PROVINCIALES DE CC.OO Y UGT PARA INTERCAMBIAR POSICIONES ANTE LA NUEVA LEY DE SERVICIOS SOCIALES

La Asociación NOESSO, miembro de la Federación Andaluza ENLACE, que representa a más de 103 asociaciones que trabajan en el ámbito de las adicciones, VIH y exclusión social, mantuvo una reunión el pasado 24 de Noviembre, con los secretarios generales de UGT y CC.OO, con la pretensión de unir posiciones ante la inminente aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales.

La reunión se enmarca en un esfuerzo de la Federación ENLACE y de todas sus asociaciones miembro por buscar líneas de consenso ante la futura ley de Servicios Sociales, celebró en un clima de cordialidad y gran sintonía. Asistieron a la misma Carmen Vidal (Secretaria G. de UGT), Mari Lola Gavilán (Secretaria de Organización de UGT), Juan Pallarés (Secretario G. de CC.OO), y Antonio Martín (Secretario de NOESSO) y Juan Sánchez (Director de NOESSO).

NOESSO hizo entrega a los representantes sindicales del documento de propuestas elaborado por la Federación ENLACE ante el Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía, un documento que se centra especialmente en el Título IV, que regula la participación de la iniciativa privada en la prestación de servicios sociales, para recalcar que en ningún caso estas prestaciones deben de ser objeto de negocio.

Se insistió por ambas partes en que los Servicios Sociales son un elemento esencial del Estado del Bienestar, ya que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables de nuestra sociedad y que, por tanto, las normas del mercado no deben imperar en este ámbito. Por ello, la participación de empresas lucrativas debe excluirse, mientras que la participación de entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro debe tener una regulación diferenciada, a través de acuerdos de acción concertada, como ha hecho ya la Comunidad Autónoma de Aragón.

Los servicios sociales públicamente financiados no pueden quedar a merced del mejor postor.

Se apostó porque los servicios sociales sean garantizados en todo caso por la Comunidad Autónoma, que tiene transferidas las competencias, y que por tanto es la que ha de prestar estos servicios de manera directa, y cuando esto no sea posible, las entidades de ENLACE apuestan por la vía del Concierto Social con entidades no lucrativas.
No se trata de dar un cheque en blanco por el mero hecho de tratarse de entidades sin ánimo de lucro, sino de fomentar la solidaridad y la participación de entidades con arraigo que tradicionalmente han venido prestando servicios de calidad en diferentes ámbitos. Por otra parte se destacó, que la gestión de un servicio por una ONG supone un valor añadido por la aportación del trabajo de las personas voluntarias, no sólo de los equipos profesionales, porque en ningún caso conlleva el añadido del beneficio empresarial.

Además, señaló que se debe incluir en la próxima Ley que la drogodependencia es una clara situación de desigualdad social, que aumenta la vulnerabilidad social de las personas, por lo que el tratamiento integral para las personas con problemas de drogodependencia y otras adicciones debe seguir siendo una prestación garantizada por el sistema público de Servicios Sociales.
Finalmente, se resaltó que hay regular los servicios sociales como verdaderos derechos subjetivos, no condicionados a la disponibilidad presupuestaria o a las exigencias de cumplimiento del déficit, porque los derechos subjetivos de las personas no deben ponerse en venta.

LA ASOCIACIÓN NOESSO OBTIENE EL SELLO -ONG ACREDITADA- POR LA FUNDACIÓN LEALTAD

La Fundación Lealtad, institución independiente y sin ánimo de lucro, ha otorgado a la Asociación Noesso el sello -ONG Acreditada-. Se trata de un distintivo único en España que ayuda a los donantes a reconocer de forma clara y sencilla a aquellas ONG que cumplen sus actuales exigencias de transparencia y eficacia en la gestión. Gracias al sello, los donantes sabrán que la Asociación Noesso, centra sus esfuerzos en las áreas en las que tiene experiencia, que su comunicación es fiable y no induce a error o que pueden conocer el porcentaje de gastos que destina a su misión, entre otros indicadores.

La concesión de la acreditación es resultado del análisis realizado por la Fundación Lealtad, que ha concluido que nuestra asociación cumple íntegramente los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. Aquí podéis leerlos.

9 principios transparencia

El sello con una vigencia de dos años y su riguroso proceso de concesión están avalados por la experiencia de la Fundación Lealtad que desde el año 2001 ha analizado a más de 270 ONG y elaborado más de 1.000 informes de transparencia y buenas prácticas. Su metodología ha sido reconocida nacional e internacionalmente. La información completa con los resultados del análisis se puede consultar en www.fundacionlealtad.org.

Una sentencia del Supremo amenaza la supervivencia de las organizaciones sociales en España

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 535/2013, de 12 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, donde alega que la Administración General del Estado no respeta la «competencia exclusiva en materia» de asistencia social.
La Plataforma del Tercer Sector, codemandada en el recurso, alega que las entidades del Tercer Sector son entidades colaboradoras en la ejecución de políticas públicas, a los efectos del artículo 149 de la Constitución Española, y que el Real Decreto impugnado se deriva de la aplicación del Real Decreto Ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, no impugnado ante el Tribunal Constitucional. La Abogacía del Estado alegó por su parte que la competencia estatal ampara la creación de dichas entidades colaboradoras y el otorgamiento de subvenciones como las previstas en el Real Decreto.
A pesar de ello, la sentencia dictada ayer por la Sala III del Tribunal Supremo declara nulo dicho decreto, estableciendo que la competencia exclusiva en materia de asistencia social es de las Comunidades Autónomas que la tengan en sus estatutos, como es el caso de Cataluña.
La decisión afecta a todo el territorio nacional, ya que establece que el Real Decreto impugnado es contrario al ordenamiento jurídico y, en concreto, al reparto constitucional de competencias, por encontrarse la relativa a la “asistencia social” atribuida con carácter exclusivo a las Comunidades Autónomas.
La Plataforma del Tercer sector “lamenta profundamente” este fallo, que “supondrá un gravísimo perjuicio para las cerca de 30.000 entidades que conforman el Tercer Sector”, según ha afirmado su presidente, Luciano Poyato.
Poyato se ha mostrado “muy preocupado por este fallo”, contra el que no cabe recurso, que “condiciona al sector y requiere de una acción inmediata” por parte del mismo, ya que no hay que olvidar que “casi el 90% de las entidades que lo conforman dependen directamente de estas subvenciones”.
Como medidas inmediatas, la Plataforma está estudiando los efectos inmediatos de la sentencia sobre las subvenciones convocadas y otorgadas al amparo del Real Decreto anulado, y prevé reunirse con responsables de Gobierno y grupos políticos para la búsqueda de una solución armonizada y coherente para un sector “que se enfrenta a un gran dilema tras el fallo del Tribunal Supremo”, y que es “fundamental para la cohesión social y atención a las personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión”.  El Tercer Sector en España beneficia actualmente a más de 6 millones de personas, cuya asistencia “puede quedar gravemente comprometida” si se avanza jurídicamente en esta línea, que prima “la defensa de las competencias autonómicas en detrimento del bien general”, ha afirmado Poyato.