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10 RETOS PARA LAS ENTIDADES DE ADICCIONES DE ANDALUCÍA

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Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

 

 

Con motivo del 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Federación Andaluza ENLACE y sus 92 entidades, entre las que se encuentra la Asociación NOESSO (No Estás Solo), han puesto en marcha la Campaña #RetosAdicciones, para sensibilizar acerca de los 10 retos que consideran más importantes y urgentes para el sector.

A lo largo del mes de junio, ENLACE y sus entidades han ido publicando en redes sociales bajo el hashtag #RetosAdicciones todos los vídeos de apoyo que han recibido para sumarse a los siguientes retos:

#AdiccionesPrevención

Más programas de prevención de drogodependencias y otras conductas adictivas sin sustancia.

¿Por qué? Porque está demostrado que la intervención en edades tempranas con los colectivos más vulnerables ofrece mejores resultados a la hora de prevenir consumos problemáticos de drogas y otras adicciones (juegos online y presenciales, nuevas tecnologías, etc.).

Pedimos: Mayor inversión y continuidad en los programas de prevención, más coordinación y trabajo integral de los recursos, mayor regulación del acceso y publicidad de las sustancias y espacios de juego (online y presenciales).

#AdiccionesJuego

Regulación más restrictiva del juego y las casas de apuestas.

¿Por qué? En los últimos años está creciendo la adicción al juego on-line y a las apuestas, sobre todo entre los/as más jóvenes. Las apuestas deportivas en directo han crecido un 13,13% a lo largo del 2018, el bingo lo ha hecho en un 12,03% y el casino online en un 32,59%. Muchos/as jóvenes y sus familias están sufriendo las consecuencias de esta adicción: deudas, hurtos y delitos menores para conseguir dinero, abandono de los estudios, etc.

Pedimos: Una regulación más restrictiva respecto a las actividades de emisión de publicidad sobre juegos y apuestas online y mayor control en la concesión de licencias a locales de esta naturaleza.

#AdiccionesSaludMental

Recursos específicos para atender a las personas con problemas de adicciones y salud mental (patología dual).

¿Por qué? Actualmente solo existen estancias breves en Unidades de Hospitalización psiquiátrica para estabilizar a las personas con patología dual, y cuando estas reciben el alta, no cuentan con recursos específicos de continuidad. Muchas de ellas terminan viviendo en la calle, perdiendo lazos familiares y sociales por la dificultad de abordar su problemática.

Pedimos: Que las personas con patología dual puedan recibir un tratamiento psico-social y educativo en centros de día que favorezca su estabilidad y el mantenimiento de lazos familiares y sociales.

#AdiccionesPrisión

Atención sanitaria digna para las personas presas.

¿Por qué? El 40% de las personas presas tienen problemas de enfermedad mental, la tasa de tuberculosis es 11 veces mayor dentro que fuera de las prisiones y más del 20% de las personas enfermas de Hepatitis C no reciben tratamiento. Actualmente, la asistencia sanitaria en las prisiones depende de Instituciones Penitenciarias y no se está garantizando el derecho a la salud en igualdad de condiciones que al resto de la población.

Pedimos: La transferencia de la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas, en nuestro caso al SAS, tal y como está previsto en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, aumentando el número de profesionales, el acceso a tratamientos específicos (incluyendo drogodependencias y salud mental), etc.

#AdiccionesMujeres

Mejorar la atención a las mujeres con problemas de adicciones, ofreciendo una atención integral en situaciones de violencia de género.

¿Por qué? Las mujeres acuden menos a los recursos de la red de adicciones y, cuando lo hacen, la atención que reciben no está adaptada a sus necesidades, lo que hace que su permanencia en los mismos sea menor. Además, a esto se añade el alto porcentaje de estas mujeres que han sufrido violencia de género (superior al 80%), que no encuentran una atención rápida e integral a sus problemas por la falta de coordinación de los recursos.

Pedimos: Que los recursos y programas de adicciones se adapten a las necesidades de las mujeres, incorporando la perspectiva de género en su diseño y desarrollo y poniendo en marcha programas específicos para aquellas que son víctimas de violencia de género.

#AdiccionesCriminalización

No criminalizar a las personas consumidoras de drogas.

¿Por qué? Las personas consumidoras pueden recibir sanciones administrativas por consumo y tenencia en vía pública a partir de 601 € por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Además, casi un 60% de las personas presas se encuentran en la cárcel por delitos menores relacionados con su adicción a las drogas.

Pedimos: Más inversión en prevención y reducción de daños y menos en persecución de las personas consumidoras; posibilidad de suspender las sanciones administrativas cuando la persona se someta a tratamiento de deshabituación; mayor aplicación de medidas alternativas a la prisión para personas drogodependientes; una apuesta decidida por la justicia restaurativa para resolver conflictos.

 #AdiccionesDesintoxicación

Servicio permanente de Unidades de Desintoxicación Hospitalaria.

¿Por qué? A lo largo de los años ha ido disminuyendo el número de camas hospitalarias ofertadas para aquellas personas más vulnerables y deterioradas por su adicción a las drogas. Actualmente existen solo tres UDH en Andalucía (San Lázaro en Sevilla, Virgen de las Nieves en Granada y Punta de Europa en Algeciras) y funcionan intermitentemente, bien por vacaciones del personal o por la utilización de las camas para otras situaciones de urgencia.

Pedimos: La estabilidad de los servicios de UDH, en línea con el resto de recursos de atención a las adicciones en Andalucía.

#AdiccionesEmpresasInserción

Más apoyo a las empresas de inserción y cláusulas sociales en la contratación pública.

¿Por qué? Si el desempleo sigue alcanzando altas cuotas entre la población normalizada, para las personas en situación de exclusión y con problemas de adicciones el porcentaje se incrementa aún más. La estigmatización, unida a la falta de hábitos laborales por los largos años de adicción, hace imprescindible que se trabaje con las personas a través de programas ocupacionales y recursos de tránsito al mercado laboral normalizado (empresas de inserción, centros de día).

Pedimos: Apoyar la creación y el mantenimiento de empresas de inserción o recursos similares, por el trabajo integral que desarrollan con colectivos en exclusión y la preparación efectiva que realizan para el mercado laboral normalizado (adquisición de hábitos laborales, competencias relacionales, adherencia al tratamiento, prevención de recaídas, etc.). También pedimos cláusulas sociales para la contratación pública que beneficien a las empresas de inserción.

#AdiccionesEmpleo

Más programas ocupacionales y de inserción sociolaboral.

¿Por qué? Actualmente existen en Andalucía dos programas de carácter formativo-ocupacional para personas drogodependientes, Red de Artesanos y Arquímedes, en los que el Centro de Tratamiento Ambulatorio o entidad de referencia debe realizar un seguimiento.

Pedimos: Mayor presupuesto y continuidad para este tipo de programas, que requieren de una inversión en la parte socioeducativa, reduciendo la lista de espera, y con ello, el tiempo de tramitación de estas ayudas.

#AdiccionesRegulación

Control y regulación del cannabis para que no esté en manos del narcotráfico.

¿Por qué? La actual política de drogas ha venido demostrando durante décadas su ineficacia en la reducción de la oferta y la demanda de sustancias y, por eso, cada vez más países (Uruguay, Canadá, Estados Unidos) están poniendo en marcha fórmulas diferentes de regulación del cannabis, reduciendo el índice de criminalidad y obteniendo resultados positivos a nivel sanitario, social y económico.

Pedimos: Un proceso participativo de indagación social sobre la pertinencia de regular el cannabis, la mejor modalidad para hacerlo y las ventajas e inconvenientes de las diferentes regulaciones posibles. En este proceso es importante tener en cuenta la voz de las entidades de adicciones, las personas consumidoras, juristas, economistas y otras personas expertas en la materia.

 

LA POLÍTICA DE DROGAS HA FRACASADO Y LA ALTERNATIVA ES CLARA: APOYA, NO CASTIGUES.

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Con motivo del 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, desde la Federación ENLACE, de la cual NOESSO forma parte un año más nos unimos a la campaña mundial Support, Don’t Punish («Apoya. No castigues»), con el fin de promover unas políticas de drogas que prioricen la salud pública y los derechos humanos frente a la mera prohibición.

ANTE EL FRACASO DE LAS POLÍTICAS CRIMINALES…

El uso de sustancias con propiedad psicoactivas está ligado a la historia de la humanidad, ha existido siempre y siempre existirá. Las actuales políticas de drogas, surgidas en el siglo XX y consolidadas a través de tratados internacionales, se limitan a establecer prohibiciones a la venta y uso de estas sustancias. Esta «guerra contra las drogas», ha tenido desastrosas consecuencias:

1. Criminalización de las personas drogodependientes. La mayoría de los fondos públicos se destinan a perseguir a las personas que se encuentran en los eslabones más bajos de la cadena del mercado de las drogas, en detrimento del desarrollo de programas de prevención, tratamiento y reducción de daños. Las personas drogodependientes, en muchos casos, acaban en prisiones donde no existen las misma posibilidades terapéuticas que en libertad. Se calcula que en Andalucía hay más de 10.000 personas en prisión por problemas relacionados con las drogas (unos 9.100 hombres y 900 mujeres), la mayoría cumpliendo condenas por delitos de baja o media gravedad.

2. Represión administrativa mediante multas a las personas usuarias de drogas. Pese a que el consumo de drogas no está prohibido en nuestro país, al tratarse de una conducta libre que no daña a terceros, la Ley de Seguridad Ciudadana, recientemente reformada en 2015 y justamente bautizada como Ley Mordaza, impone duras sanciones económicas a las personas usuarias de drogas.

3. Daños a la salud de las personas consumidoras y de la sociedad en general. Al estar perseguida la venta, las condiciones en las que las personas se ven obligadas a consumir son también clandestinas, la mayoría de las veces sin medios higiénicos y sin conocer la composición/adulteración de las sustancias, lo que ha supuesto muchas muertes y el contagio masivo de enfermedades infecciosas (VIH, hepatitis, tuberculosis…). Por otro lado, la falta de regulación también impide que muchas sustancias se usen con fines terapéuticos, pese a sus reconocidas propiedades.

4. Profundización de la brecha de género. Está comprobado que las mujeres tienen más dificultades en acceder a los recursos y visibilizar su adicción, por la doble estigmatización que sufre, como adicta y como mujer que no cumple el rol atribuido por la sociedad patriarcal. Al mismo tiempo, las mujeres que consumen drogas sufren con más frecuencia violencia de género.

5. Desarrollo de estructuras de corrupción que dificultan el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. La existencia de un mercado ilegal, que provee de ingentes beneficios a poderosas organizaciones criminales, socava el papel de las instituciones democráticas en todo el mundo.

6. Empobrecimiento de las poblaciones más vulnerables y daños al medio ambiente. Las poblaciones campesinas de los países productores de drogas se ven forzadas a cultivar coca, amapola o marihuana bajo la extorsión de los narcotraficantes. Cuando los gobiernos intentan combatir estos cultivos mediante fumigaciones masivas, las áreas acaban deforestadas. En nuestro país, los barrios más empobrecidos también ven limitadas sus posibilidades de desarrollo.

… HAY ALTERNATIVAS.

Desde NOESSO y ENLACE planteamos:

1. Regulación y control de los mercados, empezando por el cannabis.
2. Prevención del uso abusivo, dotando a la población de herramientas para un consumo responsable.
3. Políticas centradas en el fomento de la salud y en la igualdad de género.
4. Mayores recursos destinados al tratamiento y la reducción de daños.
5. Fomento de la justicia restaurativa y abandono del uso masivo de la cárcel como herramienta de control social.
6. Disminución de los inaceptables niveles de desigualdad económica, mediante políticas redistributivas globales y estatales.

noesso- enlace

LA PLATAFORMA Y LA TAULA DEL TERCER SECTOR DEFENDERÁN CONJUNTAMENTE MEJOREAS SOCIALES EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

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Las entidades definen una agenda de trabajo común marcada principalmente por el fomento de la cohesión en el sector y la Ley de Contratos Públicos

La Plataforma del Tercer Sector y la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya han mantenido una reunión en Barcelona en que han elaborado un diagnóstico de la realidad social y del Tercer Sector, en un intento de motivar acciones de coordinación que fortalezcan la cohesión del sector en la defensa de los derechos sociales de las personas, en particular de aquellas en situación de vulnerabilidad.
Las delegaciones, encabezadas por sus respectivos presidentes, Luciano Poyato y Oriol Illa, han expresado el deseo de sus órganos de gobierno de abrir nuevos espacios de diálogo y trabajo conjunto que contribuyan a acortar las diferencias y converger en aquellos temas que son de interés común.
Así, ambas organizaciones han acordado realizar una ‘Agenda Común’ en la que se identifiquen las principales preocupaciones del sector y establezca las bases para el inicio de la colaboración en estrategias de comunicación y defensa de posiciones coincidentes.
Entre otros aspectos, las entidades trabajarán conjuntamente para que el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público (actualmente en tramitación en el Congreso) que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas Europeas, establezca una regulación diferenciada para los contratos referidos a los servicios sociales en relación a los restantes contratos públicos, así como cláusulas sociales que conviertan al conjunto de la contratación pública en un instrumento al servicio de la inclusión social.
El Tercer Sector ha hecho alegaciones en este sentido y trabaja con los distintos grupos parlamentarios para el reconocimiento de dichas cláusulas.