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LA FEDERACIÓN ENLACE EXIGE EL DESBLOQUEO DE LA DEROGACIÓN DE LA LEY MORDAZA

Una ley que recorta derechos y que genera inseguridad e indefensión del ciudadano ante la propia administración, que, eufemísticamente, se denominó como de “protección de la seguridad ciudadana”, no debe ser reformada sino derogada.

Cuando, en marzo de 2015, el Parlamento, con los únicos votos a favor del Partido Popular y la oposición del resto de los grupos, aprobó la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, múltiples organismos nacionales e internacionales, instituciones, partidos políticos y un gran número de ciudadanos y ciudadanas consideramos como una actuación de urgencia la derogación de la misma en cuanto las mayorías parlamentarias lo permitieran.

Más de tres años después, la Ley Mordaza sigue en vigor, a pesar de los reiterados compromisos de quienes nos representan de que sería derogada. En estos días, se ha hecho pública la información de que se han desbloqueado en la Comisión de Interior los trabajos para su reforma (que no derogación).

Desde la Federación Andaluza Enlace exigimos que se retomen las mismas posiciones que se mantuvieron en el momento de su aprobación, y que no se maquille la ley con reformas puntuales que puedan dejar en vigor tantísimos artículos que atacan directamente las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía. En palabras de Antonio Escobar, Presidente de Enlace, “no se trata de parchear una ley insostenible, sino de recuperar todos y cada uno de los derechos que la misma vulnera”.

 Hablamos de derechos básicos, como los de expresión, manifestación, reunión… pero también de una concepción de la autoridad que nos convierte, a la ciudadanía, en súbditos de las autoridades.

Pero muy especialmente, en el ámbito de las drogodependencias, en el que trabajamos todas las entidades federadas en ENLACE, consideramos de vital importancia que se legisle con criterios racionales, esto es: que se reflexione sobre las políticas prohibicionistas, y por tanto sobre la forma (actual e históricamente fracasada) de enfrentarse al fenómeno de las drogas, y, que, sin criminalizar a las personas consumidoras, se sancionen únicamente las conductas más graves. Y desde luego, siempre que esas conductas que se pretendan sancionar, efectivamente, pongan en peligro la seguridad ciudadana.

No queremos dejar de expresar nuestra preocupación por la falta de sensibilidad en relación con la incorporación social de las personas con problemas de drogodependencias, a las que se les ponen cada vez más trabas para enfrentarse a su proceso rehabilitador. Y en este punto, denunciamos que la Ley Mordaza eliminara la posibilidad de lograr la suspensión de las sanciones impuestas a personas que acreditaran su adicción e iniciaran tratamiento. Para Antonio Escobar, “este es un asunto irrenunciable, y reiteramos nuestra exigencia de que se recupere la suspensión, que no es un beneficio, sino una oportunidad que se debe seguir ofreciendo a las personas que consumen drogas”.

Nota.- El texto está íntegramente tomado de la Federación ENLACE.

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LA FEDERACIÓN ENLACE CELEBRA EN CÁDIZ UNA JORNADA JURÍDICA SOBRE ADICCIONES

El pasado día 15 de junio ha tenido lugar en el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, con su colaboración, la Jornada Jurídica sobre Adicciones organizadas por la Comisión Jurídica de la Federación Andaluza Enlace, siendo inauguradas por el Decano del Colegio, Pascual Valiente, y Antonio Escobar, Presidente de ENLACE. En dicha inauguración se ha resaltado la importancia de celebrar este tipo de encuentros, que facilitan la coordinación entre el mundo judicial y el de las adicciones, así como el trabajo del equipo jurídico de ENLACE, formado por 9 abogados/as que dan asesoramiento y asistencia jurídica a aquellas personas que se encuentran en tratamiento en Centros públicos de adicciones en Andalucía, en la búsqueda de alternativas a medidas de represión y privativas de libertad. Complementando su actuación con la importante labor que se desempeña desde ENLACE en materia de mediación y justicia restaurativa.

En esta Jornada se ha denunciado que las políticas de drogas de corte prohibicionista, implantadas en la ONU desde los años 60, han fracasado: ni las drogas ni las adicciones han desaparecido de nuestra sociedad, haciendo las mafias más poderosas; por lo que se hace necesario revisar esas medidas y sustituirlas por otras más justas y eficaces.federación enlace adicciones

Poniendo de manifiesto nuestra preocupación especial por la Comarca de Gibraltar, instando para la existencia de un plan de actuación integral y que las Administraciones Públicas se impliquen en buscar alternativas laborales y educacionales.

De la mano de Rafael Ramos, abogado de Málaga, hemos podido conocer la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el tratamiento legal de los clubes cannábicos, acercándonos a su funcionamiento y a las sentencias más recientes.

Hemos debatido sobre “La cuestión de inconstitucionalidad en materia de seguridad vial y drogas” y la sentencia del Tribunal Constitucional resultante, gracias a la intervención de Carmen Martínez, Magistrada del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Algeciras. También se han debatido las dudas que se plantean con las sanciones por mera presencia de drogas sin constatar que afecte a las facultades en la conducción.

federación enlace adicciones 03Por último, durante la mesa redonda “Respuestas jurídicas al consumo”, se han expuesto las herramientas que los agentes que intervienen en el ámbito judicial de adicciones pueden usar y la función de los terapeutas de los centros de tratamiento. Dicha mesa ha contado con la participación de Juan Coloma, Magistrado del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Cádiz, Carmen Picón, Trabajadora Social del Centro Provincial de Drogodependencias de Cádiz y del Centro de Tratamiento de Jerez, y Marina Fontana Abogada de Málaga.

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LA FEDERACIÓN ENLACE, DE LA QUE FORMAN PARTE UN CENTENAR DE ASOCIACIONES, NOESSO ENTRE ELLAS, PIDEN LA DEROGACIÓN DE “LA LEY MORDAZA”

QUEREMOS UNA LEY QUE NO VENGA A CRIMINALIZAR SINO A FACILITAR LA RECUPERACIÓN DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES

En la tarde de hoy se inician los trámites parlamentarios para tratar la posible derogación o reforma del articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como “Ley Mordaza”). Todos los partidos políticos que conforman el arco parlamentario, excepto el partido del Gobierno, se comprometieron a derogar esta ley en el momento en que las mayorías lo permitieran.

La mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana restringe los derechos y libertades públicas (libertad de expresión, manifestación y reunión) sin justificación alguna y puede conllevar la criminalización de las personas y entidades que, como ENLACE, creemos en una democracia activa y crítica. Además, la ley afecta de manera muy concreta al colectivo de personas con problemas de adicciones al aumentar las sanciones por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes (la multa mínima pasó de 301 a 601 €).

Y,  lo que es aún más grave, esta Ley niega la posibilidad, anteriormente vigente, de que se pueda suspender el pago de multa a cambio de iniciar un tratamiento de deshabituación.

Esta vía era muy importante y ha sido de comprobada eficacia para que personas con problemas de adicciones, muchas veces provenientes de contextos de exclusión social, accedieran a tratamientos que suponían una mejora de su salud, reduciendo los riesgos asociados al consumo e incrementando sus posibilidades de rehabilitación, lo cual redundaba en toda la sociedad.

Frente al tratamiento, esta Ley solo impone duras sanciones económicas que pesarán como una losa para aquellas personas que estén intentando recomponer sus vidas y superar su adicción. En este sentido, desde las entidades que formamos ENLACE abogamos por una política de drogas más realista, basada en la evidencia científica y no en cuestiones morales, más dirigida a la prevención y a la reducción de daños que a la actual persecución de las personas consumidoras.

En palabras de Antonio Escobar, presidente de ENLACE, “en un Estado de Derecho no podemos permitir que las personas con problemas de adicciones tengan oportunidades de rehabilitación en el ámbito penal mientras en el administrativo son duramente castigadas. La anterior Ley de Seguridad Ciudadana tenía un carácter terapéutico que ha desaparecido con esta reforma. Exigimos de los partidos políticos que deroguen cuantos artículos vulneran los derechos de la ciudadanía, y muy especialmente, que valoren la oportunidad de recuperar la suspensión de las sanciones económicas cuando las personas mayores de edad con problemas de adicción se sometan a
tratamiento”.

Para más información:

www.f-enlace.org

Luisa Márquez (609 54 56 87- 954 98 12 48)