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La ASOCIACION NOESSO se suma a UNAD en su campaña ‘Pieza a pieza’ para reclamar una atención integral y centrada en la persona para las mujeres con adicciones víctimas de violencia de género

 

  • Coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre
  •  Actualmente no reciben una respuesta eficaz a las problemáticas que viven
  •  Más del 60% de las mujeres drogodependientes han sufrido violencia sexual por parte de los hombres durante su período de consumo, así como abusos sexuales durante su infancia y adolescencia

22 de noviembre de 2023 – La ASOCIACION NOESSO, entidad integrante de UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, se ha sumado este miércoles a la campaña ‘Pieza a pieza’ para reclamar una atención integral y centrada en la persona para las mujeres con adicciones víctimas de violencia de género.

Coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, UNAD ha remarcado que las adicciones y la violencia de género son elementos asociados en ambos sentidos, que deben trabajarse conjuntamente y no de manera parcelada, como se hace en la actualidad.

En este punto, han denunciado la violencia institucional que viven estas mujeres a diario al obstaculizar el derecho de estas a recibir una verdadera respuesta a las problemáticas que sufren.

En relación con esto también han puntualizado que la violencia de género no es una etiqueta ni una categoría, es una realidad que está presente en instituciones y recursos de adicciones.

Por ello, desde la red UNAD piden que se trate cada caso de manera individualizada atendiendo los factores que confluyen en cada mujer (salud mental, prisión, ámbito laboral, migraciones, entre otros) para realizar así una atención articulada y de calidad.  Que además conlleve una efectiva coordinación de recursos y personas profesionales que atiendan a la mujer como parte de un todo, siempre teniendo muy presente la perspectiva de género. Es decir, encajar pieza a pieza la realidad de cada mujer.

 

DATOS CONCRETOS

Los estudios existentes en este campo calculan que más del 60% de las mujeres drogodependientes han sufrido violencia sexual por parte de los hombres durante su período de consumo, así como abusos sexuales durante su infancia y adolescencia. A nivel internacional este porcentaje aumenta hasta el 74% de las mujeres en tratamiento por abuso de sustancias.

En este punto, el presidente de UNAD, Luciano Poyato, ha lamentado que la violencia contra las mujeres “se ceba” de una manera “muy significativa” sobre las mujeres con adicciones, siendo su frecuencia de victimización muy superior a la de otros segmentos sociales.

Además, ha querido subrayar que la violencia de género que sufren las mujeres con adicciones debe ser entendida como la violencia estructural ejercida sobre las mujeres por el mero hecho de serlo y fruto de las relaciones desiguales de poder históricamente construidas entre hombres y mujeres. Pero, nunca como una consecuencia de sus consumos problemáticos, aunque está situación las haga más vulnerables.

Por último, desde la red UNAD han manifestado la necesidad de impulsar la detección precoz para abordar la violencia de género y las adicciones de una manera integral y ha hecho un llamamiento a los poderes públicos para pedir compromiso a todos los niveles y poder llevar esto a cabo con equidad territorial.

El vídeo completo de la campaña puede visualizarse aquí.

 

UNAD

UNAD es una red de ONG que interviene en el ámbito de las adicciones con y sin sustancia y de los problemas que derivan de ellas. Está integrada por más de 200 organizaciones repartidas por toda España que comparten un modelo común centrado en la persona. Anualmente atiende a más de 38.000 personas con adicciones y a sus familias.

Más información: equipo de Comunicación de UNAD

Virginia Segovia:  647 835 886 – virginia.segovia@unad.org

Nieves Sanjuan: 610 350 772 – nieves.sanjuan@unad.org

 Fernando González: 678 858 307 – fernando.gonzalez@unad.org

” TODAS LAS VIOLENCIAS, TODAS LAS MUJERES ”

La violencia de género es global, no tiene fronteras, se da en todos los países y sociedades, y se dirige a todas las mujeres, sin distinción de clases, etnia o grupo de pertenencia. No hay un perfil de víctima de violencia: el principal factor de riesgo es SER UNA MUJER. De ahí que las respuestas que se necesiten, deban ser globales, integrales, sistemáticas e ir dirigidas a la Médula del sistema que degrada y discrimina y asesina a las mujeres por el hecho de serlo. Para ello se necesita el compromiso personal y político de todas las instancias, de todas las personas, hombres y mujeres que creen firmemente que sin la igualdad de género no es posible el desarrollo ni la democracia, como reflejó la plataforma de Acción de Beijing, ya en 1995. (Colectivo Mujeres Libres: Estíbaliz de Celis y Ana María González).

El 25 de noviembre, se conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Multitud de acciones reivindicativas y simbólicas se han desarrollado en todo el mundo, como cada año, desde que en 1999, la Asamblea General de la ONU, en su resolución 54/134, invitara a los estados y las organizaciones sociales e internacionales a desarrollar una jornada de denuncia, contra las violencias de género hacia las mujeres y las niñas.

Naciones Unidas hacía, de este modo, seguimiento al movimiento feminista latinoamericano que desde 1981 venía conmemorando esa fecha, en honor a las tres hermanas Mirabal también conocidas como Las mariposas (Patria, Minerva y María Teresa) asesinadas en República Dominicana en 1960. Asesinato motivado por su fuerte oposición y lucha activa en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Desde la Asociación Noesso, nos sumamos a la visibilización de este día como método de denuncia y crítica de la violencia estructural que sostiene el sistema patriarcal en el que vivimos y sufrimos de forma excepcional las mujeres y las niñas de todo el Mundo.

La compañera María José ha leído un manifiesto (que podéis encontrar aquí) en el que se han puesto de manifiesto los datos y cifras de los casos de violencia hacia las mujeres, que año tras año por estas fechas siguen siendo elevados. Tras la lectura del mismo, se ha creado un espacio de reflexión entre los trabajadores y trabajadoras de la entidad, estando de acuerdo en que se hace necesario el denunciar cualquier forma de violencia contra las Mujeres en el mundo y en nuestro país, comunidad, ciudad, pueblo, en definitiva, en cualquier espacio y en cualquier ámbito, y seguiremos apoyando y sumándonos a todos aquellos colectivos, entidades sociales, administraciones, y del movimiento de mujeres para aunar esfuerzos y lograr más pronto que tarde una vida libre de toda violencia contra nosotras y nuestras niñas y niños.

ENLACE ALERTA SOBRE LA INVISIBILIDAD DE LAS MUJERES CON PROBLEMAS DE ADICCIONES

Las conclusiones de la jornada Género y Adicciones, organizada por la Federación Andaluza Enlace en colaboración con la Diputación de Almería y la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, ponen de manifiesto la vulnerabilidad y el desamparo de este colectivo. Plantean además la necesidad de profundizar en el estudio de las causas de esta problemática para poner en marcha las iniciativas necesarias que contribuyan a su erradicación.

Estas son algunas de las principales conclusiones de la Jornada, celebrada el pasado viernes 25 de noviembre coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, e inaugurada por Juan Sánchez, Vicepresidente de la Federación Andaluza Enlace por Almería y por José María Martín, Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de esta provincia.
La Jornada comenzó con la Mesa Redonda Perspectiva de género y adicciones, en la que participaron Carmen Martínez, Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº2 de Figueres y Begoña Arroyo, Psicóloga de la Fundación CEPAIM. En ella se analizaron los perfiles de las mujeres atendidas, se hizo hincapié en la necesidad de dar visibilidad a aquellas que no figuran en las estadísticas y hubo críticas al rol asignado a la mujer a lo largo de la Historia, que dificulta combatir sus problemas de adicciones. Además se resaltó la fuerte discriminación que sufren las mujeres drogodependientes a la hora de beneficiarse de medidas como los pisos de acogida en los casos de violencia doméstica.
El evento finalizó con la intervención de Nuria Romo, profesora de Antropología Social e investigadora del Instituto de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada, que en su ponencia Violencia de género en entornos de consumo de alcohol y drogas advirtió del repunte en el consumo femenino de sustancias como el alcohol o los psicofármacos y reclamó mayores recursos de cara a la concienciación de esta problemática.
Nuria Romo destacó que “aunque se está avanzando en la senda correcta, todavía queda mucho por hacer, pues una de cada tres mujeres sufrirá violencia a lo largo de su vida, porcentaje aún mayor en el ámbito de las drogodependencias”.

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ENLACE ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE GÉNERO Y ADICCIONES EN ALMERÍA

Con motivo del «Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer», y formando parte de los actos de celebración de nuestro 25 Aniversario, mañana viernes 25 de noviembre celebramos una Jornada con el título “GÉNERO Y ADICCIONES”, en la que trataremos la incorporación de la perspectiva de género en la intervención en el ámbito de las adicciones desde un punto de vista jurídico y psicosocial y la incidencia de la violencia de género en entornos de consumo de alcohol y otras drogas.

Será en Almería, en horario de mañana, en la sede de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales (C/ Tiendas, nº 12).

PROGRAMA

  • 9:30-10:30h. Inauguración.

– Dña. Mª José Sánchez, Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

– D. Juan Sánchez, Vicepresidente de la Federación Andaluza ENLACE por Almería. y Director de NOESSO

  • 10:30-12:00 h. Mesa redonda: “Perspectiva de género y adicciones”. Moderada por D. José Revilla, Abogado de ENLACE en el Servicio de Asesoramiento Jurídico en la Red Pública de Atención a las Adicciones en la provincia de Huelva.

– Dña. Carmen Martínez, Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº2 de Figueres.

– Dña. Begoña Arroyo, Psicóloga de la Fundación CEPAIM.

– Dña. Pilar Navío, Trabajadora Social del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones de Almería.

  • 12:00-12:30 h. Descanso.
  • 12:30-13:30 h. Ponencia: “Violencia de género en entornos de consumo de alcohol y drogas”.

Dña. Nuria Romo, Profesora de Antropología Social e Investigadora del Instituto de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada.

  • 13:30-14:00 h. Conclusiones y clausura.

– Dña. María Luisa Díaz, Abogada de ENLACE en el Servicio de Asesoramiento Jurídico en la Red Pública de Atención a las Adicciones en la provincia de Sevilla.

– D. José Mª Martín, Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Almería.


El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, ha publicado un Boletín especial con el siguiente contenido:

  • 25 de noviembre
  • Violencia contra las mujeres
  • La violencia de género
  • Repercusión de la violencia de género en las empresas
  • Inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género
  • Actuaciones por el 25 de noviembre

Podéis descargarlo aquí.

REFLEXIONES EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL Y PENITENCIARIA.

REFLEXIONES EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL Y PENITENCIARIA.

Las entidades que suscribimos este documento de reflexión tenemos una larga experiencia en

la intervención con personas privadas de libertad en los centros penitenciarios de todo el

territorio español. Gracias al contacto directo con la realidad penitenciaria en estas tres

últimas décadas, hemos podido comprobar que las prisiones han terminado convirtiéndose en

un lugar lleno de personas pobres y personas que, con carácter previo, sufrían situaciones de

exclusión social, ahondando aún más la estancia en prisión en sus situaciones de

vulnerabilidad social.

Por ello, con este documento que presentamos y partiendo de un análisis de la realidad

penitenciaria y de los niveles de precariedad, (empobrecimiento, enfermedad,

drogodependencia, enfermedad mental, etc.) que presenta la población reclusa, y de la

experiencia de las entidades de la sociedad civil que intervienen en apoyo a esta población,

queremos manifestar lo siguiente:

  • Preocupación por la deriva que presenta la reforma penal recientemente presentada

    (Anteproyecto).

    • Convencimiento de que el encarcelamiento y más en las condiciones actuales, causa

      daños profundos en quienes lo sufren y en su entorno familiar.

      • Reflexión sobre las posibilidades de aplicar alternativas a la prisión a muchas personas

        internas (afectadas por enfermedades mentales, drogodependencias, etc.)

        • Reflexión sobre la criminalización de la pobreza (el porcentaje de población por debajo

          del umbral de pobreza, según La Encuesta de Condiciones de Vida 2012 del Instituto

          Nacional de Estadística, aumenta en las personas entre 16 y 64 años, pasando del

          19,4% en 2010 al 21,0% en 2012).

          • Necesidad de potenciar medidas dirigidas a la resocialización (Ley Orgánica

            Penitenciaria).

            • Destacar los riesgos que conlleva la posible privatización de los centros penitenciarios.
            • Defender la presencia de las entidades sociales en un medio tan proclive a la exclusión

              social.

              • Trasladar a la sociedad nuestra creencia en las capacidades de las personas para

                aprender, cambiar y mejorar.

                En septiembre del año 2012 permanecen en los distintos centros penitenciarios españoles

                unas 69.500 personas (Secretaria General de Instituciones Penitenciarias-SGIIPP) presentando

                un perfil marcado por:

Una situación socio-económica de clara desventaja que se ve incrementada por el propio ingreso en prisión: escasos o nulos recursos económicos, procedentes de

barrios o zonas marginales y/o infraviviendas, analfabetismo o escasa formación

básica, ausencia de formación o experiencia laboral, otros miembros de su familia en

prisión…

Una gran incidencia de los problemas de drogodependencias que en muchos casos

constituyen la causa de la comisión delictiva.

Un importante aumento de la población inmigrante en la última década: en

septiembre de 2012, según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

(SGIIPP) la población inmigrante constituye un 33,75% del total de internos (23.445).

Según datos de la SGIIPP, un 62,83% están internos por haber cometido delitos contra la propiedad (robos y hurtos: un 36,13%) y un 26,70% por pequeños delitos contra la salud pública (“menudeo” o “mulas” del narcotráfico internacional), que muchas veces son víctimas de la explotación, los abusos y las amenazas de estas redes

mafiosas. Las personas que están privadas de libertad por infracciones contra la

propiedad y las que lo están por tráfico de drogas a pequeña escala suman las ¾ partes

de toda la población penitenciaria, delitos de escasa o media gravedad y claramente

identificados con situaciones de pobreza. En cuanto a personas mayores de 70 años

en prisión, se ha pasado de 1416 (2,12%) del año 2007 a 1941 (2,79%) en 2012, y de

ellos 229 preventivos en espera de juicio.

El número de internos/as que lo están por delitos de violencia grave es muy escaso o

insignificante: homicidios un 6,5% y lesiones un 4,69% (SGIIPP).

El número de mujeres que cumplen condena en prisión asciende 3.952 y 1.068 están

en espera de juicio (SGIIPP de septiembre de 2012). El número de presos en situación

de preventivos se eleva en la misma fecha a 10.980.

Casi la mitad de los internos tienen antecedentes penales.

El estado de salud de las personas que llenan las prisiones está muy deteriorado: los

niveles de incidencia de enfermedades graves como el VIH-SIDA, la hepatitis C o la

tuberculosis multiplican varias veces los niveles normales en la población en

libertad. Además, como se viene manifestando desde la propia administración

penitenciaria, la incidencia de enfermedad mental es alarmante. Según estadísticas

de la SGIIPP, en torno al 40% de los presos padece un trastorno mental, el 22,4% está

afectado de Hepatitis C y el 6,3% tiene VIH. En muchos casos, el primer contacto que

se produce entre estos y el sistema sanitario, se da, precisamente, en prisión al

proceder de contextos de pobreza o exclusión social.

Se da la circunstancia de que a muchas de estas personas se les podía haber aplicado

alguna alternativa a la prisión, por ejemplo, seguir tratamiento de drogodependencias

o algún programa terapéutico o formativo específico.

Esta realidad que vivimos día a día las entidades del Tercer Sector (también el personal de los

centros penitenciarios) nos lleva a hacer una primera reflexión acerca de la forma en la que,

como sociedad, estamos abordando la problemática de la exclusión social o la de la

enfermedad mental y a concluir que existe una clara criminalización de la pobreza.

Queremos recordar que conforme al artículo 25.2 de la Constitución Española (CE), las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación yreinserción social y no podrán consistir en trabajos forzosos. En este artículo se plasma lo que

se conoce con el nombre de principio resocializador, que nació con el deseo de otorgar una

utilidad al espacio de tiempo que una persona pasa cumpliendo una pena de prisión, procurando realizar intervenciones dirigidas a su recuperación para la sociedad y a la evitación

de futuras conductas delictivas. Ello tiene su reflejo en la Ley Orgánica General Penitenciaria

(LOGP), que en su art. 1 establece la finalidad de reeducación y reinserción social de los

Centros Penitenciarios. Todas las actividades de tratamiento penitenciario están dirigidas a la

persecución de este objetivo resocializador, en cuyo desarrollo los/as especialistas de la

administración penitenciaria y de las entidades del Tercer Sector trabajamos codo con codo.

En este sentido, manifestamos nuestra más absoluta creencia en las capacidades de las

personas para aprender, cambiar y mejorar y queremos trasladar a la sociedad de una manera

enérgica que ello ciertamente es posible.

Porque creemos en las posibilidades de resocialización de las personas que en algún

momento de su vida han acudido al delito y porque somos conscientes de que el

encarcelamiento, a pesar de todos los esfuerzos de la administración penitenciaria y las

entidades que intervenimos en ese entorno, causa daños profundos en quienes lo sufren y su

entorno familiar, apostamos por avanzar en el desarrollo del sistema de alternativas a la

prisión y de las formas de cumplimiento de la pena más compatibles con la incorporación

social de la persona penada. Tenemos el convencimiento de que potenciar estas medidas es la

mejor manera de prevenir la comisión y reincidencia en el delito.

En este sentido, con la reforma penal anunciada no se hace una revisión de las medidas

alternativas a la prisión que permita avanzar en la línea mencionada de otros países de nuestro

entorno geográfico y cultural, sino que, por el contrario, insiste en aumentar el castigo a las

personas más débiles, señalándolas como el chivo expiatorio de todos los problemas sociales;

sí nos ofrece la posibilidad de flexibilizar los requisitos de aplicación de las alternativas a la

prisión con las que contamos e incorporar otras con éxito demostrado durante años en

diversos países, como, por ejemplo, la suspensión del propio proceso penal o del fallo o la

mediación, pero consideramos que son insuficientes.

Por otro lado, en algunas ocasiones se ha hablado de la privatización de las prisiones de

adultos/as1 o de algunos de sus servicios más importantes, estando especialmente interesada

en este debate la boyante industria de la seguridad. Entendemos que en un ámbito tan

delicado como el penitenciario, en el que la persona está completamente sometida al poder de

la institución penitenciaria, estando en juego sus derechos más básicos, no es admisible la

intervención de empresas privadas, ni en la gestión de los centros, ni en la seguridad exterior o

interior, ni en el tratamiento penitenciario. La pena privativa de libertad, como pena más

gravosa de nuestro ordenamiento penal, debe ser exclusivamente asumida por el Estado,

evitando cualquier tentación de mercadear con la vida de las personas privadas de libertad y

sus derechos fundamentales, como si se tratara de cualquier otro bien o servicio.

Otra cosa bien distinta es la participación de la sociedad civil en la vida penitenciaria, en el

apoyo a las personas privadas de libertad y en las actividades de tratamiento dirigidas a su

incorporación social, que antes mencionábamos. La Ley General Penitenciaria dedica a ello el

artículo 69.2: “A los fines de obtener la recuperación social de los internos en regímenes

ordinario y abierto se podrá solicitar la colaboración y participación de los ciudadanos y de

instituciones o asociaciones públicas o privadas ocupadas en la resocialización de los reclusos”.

Esta tarea de las entidades ajenas a la prisión es de un incuestionable valor para evitar los

efectos negativos del encarcelamiento y para conseguir que la persona penada pueda

incorporarse a la sociedad sin volver al delito. El mantenimiento de vínculos diversos con el

exterior y las actividades que se pueden ofrecer, tanto de asistencia o formación como de

terapia, apoyo personal y escucha activa, son básicas y complementarias en el tratamiento

penitenciario.

A pesar de los esfuerzos institucionales por ampliación de programas y actividades producidos

en los últimos años, la insuficiencia de personal de tratamiento de la propia administración

penitenciaria convierte en más necesaria, si cabe, la colaboración con las entidades sociales en

tareas propias de apoyo al tratamiento, sin que ello suponga sustituir o compensar esta

insuficiencia de recursos, sino como oportunidad para cambiar y enriquecer la forma de

comprender la institución penitenciaria. Las asociaciones, fundaciones y otras entidades del

tercer sector de acción social entendemos que esta participación prevista en la ley, no sólo es

una posibilidad que se nos ofrece, sino una responsabilidad que hemos asumido cuando

decidimos estar al lado de las personas más excluidas de nuestra sociedad. En este sentido,

creemos que las diferentes administraciones deben considerar y apoyar esta perspectiva de

trabajo, minimizando las trabas y considerando el presupuesto de la institución no solo como

gasto sino como inversión en el reconocimiento de los derechos que las personas privadas de

libertad y en situaciones de exclusión social tienen como ciudadanos.

La sociedad debe revertir su tendencia a dar la espalda y desatender a las personas

privadas de libertad, para lo que debemos hacer entre todas/os un ejercicio de

 responsabilidad colectiva, mirando cara a cara la realidad penitenciaria y poniendo más

 esfuerzos en las penas y medidas alternativas a la prisión, comunitarias por

 excelencia, mucho más beneficiosas a la larga en la prevención del delito.

Es en estos momentos de recortes y de crisis económica, cuando queremos trasladar la

necesidad de que los mismos no supongan una merma de la atención básica a las personas

privadas de libertad y se garantice a todas ellas la atención sanitaria en condiciones de

igualdad respecto al resto de las ciudadanas/os.