Entradas

LOS NÚMEROS CANTAN: CRECEN LAS ADICCIONES, BAJA EL PRESUPUESTO PARA ATENDER A QUIENES LAS PADECEN

La Federación ENLACE, de la que NOESSO forma parte, comparece en el Parlamento Andaluz para valorar los Presupuestos 2019

Auxiliadora Fernández, miembro de la Junta Directiva de ENLACE, y Luisa Marques Directora de ENLACE

El dedo en la yaga en nombre de toda la red de adicciones y las decenas de miles de personas afectadas

Auxiliadora Fernández y Luisa Márquez han comparecido ante la Comisión de Hacienda del Parlamento Andaluz para valorar los Presupuestos 2019. Entre otros puntos, han denunciado las bajadas previstas en el ámbito de las adicciones, fundamentalmente en «Conciertos sociales con entidades del sector privado», que disminuye un 9,90%, y en «Entidades colaboradoras», que disminuye un 6,58%.

Lo hacían en representación, no sólo de las 92 entidades que actualmente integran nuestra Federación ENLACE, sino de todas aquellas  pertenecientes a otras Federaciones Andaluzas como REDES, FAAR, FAJER y AL-ANDALUS, que agrupan a un total de  180 entidades, y sobre todo, en representación de las decenas de miles de personas que son atendidas por las mismas en programas de acompañamiento, tratamiento, incorporación social y prevención de adicciones.  Concretamente 92.273 personas en el año 2018.

Particular preocupación mostraron ante la partida de conciertos sociales con entidades del sector privado que disminuye un 9,90%, perdiendo 764.464 € respecto a 2018. En este punto, señaló la compareciente, «queremos dejar constancia de la congelación del precio/plaza que han sufrido los servicios que prestamos las entidades de adicciones desde hace casi 10 años. Esto ha supuesto a su vez una congelación salarial de las personas trabajadoras de nuestro movimiento asociativo, con una pérdida de su poder adquisitivo de un promedio de 16 puntos, con respecto al que teníamos 10 años atrás».

Además de esa bajada en los conciertos, el total de partidas de entidades colaboradoras, dónde se encuentran las líneas de subvenciones en materia de adicciones para entidades sin ánimo de lucro, disminuye en 185.000 € (un 6,58% menos que en 2018).

No se puede pagar mal y además tarde

En otra parte de la intervención se reclamó el cumplimiento a Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía, para sectores prioritarios de la salud, educación y servicios sociales, y la existencia de una Oficina de Atención a las Personas Acreedoras para gestionarlo.

Las personas con adicción a los fármacos: un colectivo olvidado, sin la atención debida

En otro momento de la intervención, Fernández destacó: «quiero hacer mención a un colectivo altamente silenciado, unas veces por vergüenza personal y familiar, y otras por pura discriminación. Nos referimos a las personas que se pasan la vida encerradas en sus casas, mujeres en su inmensa mayoría, y cuya vida se reduce a sobrevivir consumiendo y sobremedicándose con todo tipo de fármacos, recetados, adquiridos o la suma de ambos. Son personas con problemas con de adicciones, independientemente de la sustancia que consuman y como la adquieran. Viven sin el tratamiento adecuado y sin un apoyo psicológico y socio educativo que les ayude a romper el círculo vicioso en el que se encuentran y les ayude a recuperar su autonomía, su dignidad y, en definitiva, su vida».

Otras rebajas en el presupuesto destacadas

  • Otra de las bajadas presupuestarias detectada es la que hace mención a la Renta Mínima de Inserción disminuye de 198 M en 2018 a 134,7 M. Hay miles de personas y familias en Andalucía sin unos ingresos mínimos de subsistencia.
  • El Servicio de Apoyo a las Familias, del 72,62%, que estaba dotado en 2018 en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con 171,6 M €, y en estos Presupuestos vemos que en la Consejería de Salud y Familias solo se destinan 46,9 M €.
  • La partida de “Atención a la infancia” sufre graves recortes en cuanto a los conciertos con entidades privadas, que pasan de 41,7 M en 2018 a 31 M en 2019 (10,7 M menos).
  • En políticas de Igualdad y Lucha contra la Violencia de Género en los últimos años sufran un importante retroceso.

Y para terminar: una rectificación presupuestaria

La intervención de Auxi terminó reclamando que los servicios que son prioritarios para la ciudadanía: «no solo que no disminuyan, sino que al menos aumenten en el mismo porcentaje que lo hace el total del Presupuesto Andaluz, un 5%».

Aquí tenéis el video de la comparecencia:

LA JUNTA IMPLANTA UNA FIGURA ESPECIAL DE CONCIERTO DE SERVICIOS SOCIALES QUE DA PRIORIDAD A LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Publicada la regulación de la nueva modalidad, que incluye exigencias de calidad en la atención a las personas mayores, menores y con discapacidad.

El Consejo de Gobierno ha aprobado y publicado en BOJA el decreto regulador del concierto social, una figura administrativa especial que prioriza la contratación de entidades sin ánimo de lucro para la prestación de servicios sociales públicos. Esta modalidad de gestión indirecta, prevista en la legislación andaluza en vigor desde 2017 y acorde con la actual normativa estatal de contratación pública, sustituirá a las actuales fórmulas de convenios de colaboración y contratos convencionales. Los que actualmente estén suscritos se mantendrán en vigor por un plazo máximo de dos años.

De acuerdo con el decreto, el concierto social se configura como un instrumento administrativo adaptado a las peculiaridades y necesidades que presenta la gestión de servicios como los de atención a la dependencia o a las personas mayores, menores y con discapacidad. A diferencia de las fórmulas que se aplican en otros ámbitos, refuerza las garantías de calidad en la atención y fomenta la iniciativa social frente a la privada. Así, en igualdad de condiciones tendrán prioridad ese tipo de entidades o, en su defecto, otras similares como las cooperativas sin ánimo de lucro. Sólo cuando éstas no concurran se podrá concertar con empresas.

La norma aprobada por el Consejo establece para este nuevo tipo de concierto tiene exigencias específicas que responden a las particularidades de los servicios sociales. De este modo, se valoran principios como los vínculos preexistentes de tipo afectivo o terapéutico de las entidades con las personas; la atención continuada a personas, familias o grupos; la proximidad a la población destinataria, y la asistencia especializada y de calidad. El objetivo es mantener al máximo una prestación en el entorno y con los mismos referentes personales y profesionales, capaz de garantizar la seguridad emocional que necesitan las personas que viven en residencias o asisten a centros de día.

Cláusulas sociales

Junto con estas condiciones, y en línea con la nueva normativa que desde 2016 impulsa el Gobierno andaluz para introducir cláusulas ambientales en la contratación pública autonómica, la regulación del concierto social incluye exigencias relativas la dignidad de las condiciones laborales, la inclusión social, la igualdad de género y el respeto al medio ambiente. Cuando las entidades licitadoras tengan una plantilla igual o superior a cincuenta personas, al menos un 2% deberán ser discapacitadas. Por su parte, las de más de 250 trabajadores deberán disponer de un plan de igualdad entre hombres y mujeres, mientras que las restantes garantizarán medidas e iniciativas de incorporación de la perspectiva de género.

La convocatoria de licitación del concierto se hará de oficio, mientras que la adjudicación correrá a cargo de una comisión de valoración integrada por personas empleadas públicas con conocimiento y experiencia en la materia que no tengan ningún tipo de vínculo con las entidades aspirantes. La presidencia y la secretaría de esta comisión serán desempeñadas por funcionarias.

El decreto aprobado hoy desarrolla una de las principales previsiones de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, en vigor desde 2017. Con esta norma Andalucía se convirtió este año en la primera comunidad autónoma en blindar con rango legal las coberturas básicas en esta materia. En este sentido, establece nuevos derechos, como la libre elección del profesional, y prestaciones básicas garantizadas exigibles por la ciudadanía; crea la Historia Social Única Digital para cada persona, y recoge la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.

DECRETO REGULACIÓN CONCIERTO SOCIAL

SE HAN PRESENTADO A LOS REPRESENTANTES DE LA MESA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA LAS CLÁUSULAS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en un encuentro en el que la jefa del Ejecutivo autonómico presentó a las organizaciones miembros del Tercer Sector de Andalucía las nuevas cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública.

El pasado día 14 de Octubre, en Sevilla, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, recibió en la mañana de ayer a los representantes de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía. Susana Díaz estuvo acompañada de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y por la secretaria general de Servicios Sociales, Purificación Gálvez.

La presidenta del Ejecutivo andaluz les explicó los detalles del acuerdo que suscribió el pasado lunes el Gobierno andaluz con los sindicatos UGT-A y de CCOO en Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) por el cual se incorporarán cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos.

A partir de ahora las cláusulas sociales y medioambientales que incorporará Andalucía en la contratación de la Administración autonómica persiguen entre sus objetivos la «protección de los derechos laborales» de quienes trabajan en empresas que contratan con la Administración andaluza, garantizando entre otros aspectos salarios justos, condiciones laborales dignas o medidas para la conciliación.
De esta forma, la Junta y sus entes instrumentales incorporarán estas cláusulas con el fin de consolidar un tejido empresarial sostenible, así como promover la inserción laboral de las personas con más dificultades de acceso al empleo, primando a las personas que perciben la renta mínima, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y jóvenes menores de 30 años con escasa formación y experiencia laboral.

A partir de la aplicación de las cláusulas sociales, cualquier empresa que haya contratado con la Junta de Andalucía verá cancelado su contrato automáticamente si está dos meses sin abonar el salario a su plantilla.

También se establece la prohibición de contratar con la Junta para aquellas empresas que incumplen la legislación ambiental o han sido sancionadas por infracción muy grave en materia social. De este modo, quedarían excluidas directamente las empresas licitadoras con 50 o más trabajadores en cuya plantilla no estén contratados al menos un 2% de personas con discapacidad.

Además del contenido de las cláusulas sociales, la presidenta de la Junta de Andalucía trasladó a los representantes de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía su compromiso con que el proyecto de Ley de Servicios Sociales sea aprobado lo antes posible para poder desarrollar el concierto social, que permitirá a las entidades sociales acceder a la concertación en materia de servicios sociales con la administración andaluza.

La Mesa del Tercer Sector de Andalucía fue constituida en 2012 y está presidida por Manuel Sánchez Montero, e integrada, entre otras organizaciones, por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (CERMI-Andalucía); la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A); la Plataforma Andaluza de Voluntariado; Cáritas; Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Andalucía.