SE HAN PRESENTADO A LOS REPRESENTANTES DE LA MESA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA LAS CLÁUSULAS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en un encuentro en el que la jefa del Ejecutivo autonómico presentó a las organizaciones miembros del Tercer Sector de Andalucía las nuevas cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública.

El pasado día 14 de Octubre, en Sevilla, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, recibió en la mañana de ayer a los representantes de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía. Susana Díaz estuvo acompañada de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y por la secretaria general de Servicios Sociales, Purificación Gálvez.

La presidenta del Ejecutivo andaluz les explicó los detalles del acuerdo que suscribió el pasado lunes el Gobierno andaluz con los sindicatos UGT-A y de CCOO en Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) por el cual se incorporarán cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos.

A partir de ahora las cláusulas sociales y medioambientales que incorporará Andalucía en la contratación de la Administración autonómica persiguen entre sus objetivos la «protección de los derechos laborales» de quienes trabajan en empresas que contratan con la Administración andaluza, garantizando entre otros aspectos salarios justos, condiciones laborales dignas o medidas para la conciliación.
De esta forma, la Junta y sus entes instrumentales incorporarán estas cláusulas con el fin de consolidar un tejido empresarial sostenible, así como promover la inserción laboral de las personas con más dificultades de acceso al empleo, primando a las personas que perciben la renta mínima, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y jóvenes menores de 30 años con escasa formación y experiencia laboral.

A partir de la aplicación de las cláusulas sociales, cualquier empresa que haya contratado con la Junta de Andalucía verá cancelado su contrato automáticamente si está dos meses sin abonar el salario a su plantilla.

También se establece la prohibición de contratar con la Junta para aquellas empresas que incumplen la legislación ambiental o han sido sancionadas por infracción muy grave en materia social. De este modo, quedarían excluidas directamente las empresas licitadoras con 50 o más trabajadores en cuya plantilla no estén contratados al menos un 2% de personas con discapacidad.

Además del contenido de las cláusulas sociales, la presidenta de la Junta de Andalucía trasladó a los representantes de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía su compromiso con que el proyecto de Ley de Servicios Sociales sea aprobado lo antes posible para poder desarrollar el concierto social, que permitirá a las entidades sociales acceder a la concertación en materia de servicios sociales con la administración andaluza.

La Mesa del Tercer Sector de Andalucía fue constituida en 2012 y está presidida por Manuel Sánchez Montero, e integrada, entre otras organizaciones, por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (CERMI-Andalucía); la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A); la Plataforma Andaluza de Voluntariado; Cáritas; Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Andalucía.

INFODROGAS-VIH: EL PRIMER BUSCADOR ESPAÑOL DE INTERACCIONES ENTRE MEDICAMENTOS DEL VIH Y DROGAS RECREATIVAS U OTRAS SUSTANCIAS

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Desde el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH) nos complace comunicaros el lanzamiento de nuestro nuevo proyecto Infodrogas-vih, el primer buscador digital en español de interacciones entre medicamentos del VIH y drogas y/u otras sustancias frecuentemente utilizadas sin control médico como ansiolíticos, antidepresivos, potenciadores de la erección o anabolizantes.

Con la creación de esta nueva herramienta digital, tenemos un claro objetivo: reducir los daños asociados al consumo de drogas y/u otras sustancias en aquellas personas con el VIH que toman tratamiento antirretroviral.

Este buscador, que está disponible en formato web (http://infodrogas-vih.org) y como aplicación gratuita para dispositivos móviles en Google Play Store y en App Store, permite al usuario, de forma anónima, introducir los medicamentos antirretrovirales que toma y una serie de drogas recreativas y/u otras sustancias, para así, poder comprobar si existen interacciones entre los medicamentos del VIH y cada una de dichas sustancias o drogas recreativas.

En la web de Infodrogas-vih también encontraréis un servicio multicanal de consultas relacionadas con los medicamentos del VIH al equipo técnico de gTt; una sección de alertas sobre drogas publicadas por la organización Energy Control, en la que se informa de adulteraciones o nuevas drogas detectadas en España; monografías sobre las diversas drogas y sustancias; un apartado de noticias sobre drogas y VIH; una guía de recursos de interés; y una sección de preguntas frecuentes.

LA FEDERACIÓN ENLACE REITERA ANTE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DEL PARLAMENTO ANDALUZ QUE LOS SERVICIOS SOCIALES NO DEBEN SER OBJETO DE NEGOCIO

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La Federación Andaluza ENLACE, que representa a más de 103 asociaciones entre ellas a NOESSO acudió ayer a la comparecencia ante la Comisión que redacta la nueva Ley de Servicios Sociales, para presentar sus propuestas, las cuales están dirigidas a reclamar que los servicios sociales financiados públicamente no se pongan en venta al mejor postor.

Antonio Escobar, presidente de ENLACE, expuso ayer ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento Andaluz “que los Servicios Sociales son un elemento esencial del Estado del Bienestar, ya que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables de nuestra sociedad y que, por tanto, las normas del mercado no deben imperar en este ámbito. Por ello, la participación de empresas lucrativas debe excluirse, mientras que la participación de entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro debe tener una regulación diferenciada, a través de acuerdos de acción concertada, como ha hecho ya la Comunidad Autónoma de Aragón”.

Además, señaló que “se debe incluir en la próxima Ley que la drogodependencia es una clara situación de desigualdad social, que aumenta la vulnerabilidad social de las personas, por lo que el tratamiento integral para las personas con problemas de drogodependencia y otras adicciones debe seguir siendo una prestación garantizada por el sistema público de Servicios Sociales”.

Finalmente, recalcó que hay regular los servicios sociales como verdaderos derechos subjetivos, no condicionados a la disponibilidad presupuestaria o a las exigencias de cumplimiento del déficit, porque “los derechos subjetivos de las personas no deben ponerse en venta”.

GUÍA SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS DEL IDPC

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La Guía sobre Políticas de Drogas del IDPC en su tercera edición reúne evidencias, prácticas idóneas y experiencias a nivel global para prestar un análisis experto sobre el amplio abanico de temas relacionados a las políticas de drogas (incluyendo la salud pública, la justicia criminal y el desarrollo).

En cada capítulo, el IDPC ofrece recomendaciones y referencias suplementarias con el objetivo de promover políticas eficaces, equilibradas y humanas a nivel nacional, regional e internacional.

•El capítulo 1 describe los cinco principios básicos en materia de políticas en los que coinciden todos los miembros del IDPC como base de nuestro trabajo colectivo de incidencia política
•El capítulo 2 esboza los temas clave relacionados con la salud pública, desde la clasificación de sustancias y el acceso a medicamentos esenciales, a la prevención de drogas, la reducción de daños y los servicios de tratamiento
•El capítulo 3 ofrece algunas pautas sobre el sistema de justicia penal, como las alternativas al encarcelamiento, la imposición de penas proporcionadas, los mercados regulados y la descriminalización, y las políticas en las cárceles
•El capítulo 4, finalmente, aborda el tema del desarrollo, los medios de vida alternativos y los derechos de grupos indígenas.

Este análisis ha sido posible gracias a la colaboración de muchos miembros del IDPC – incluidas redes de las principales poblaciones afectadas – y es el único documento de su clase que ofrece un estudio tan amplio e integral sobre qué funciona y qué no en el campo de las políticas de control de drogas.

Podéis descargar aquí la guía completa en español.

Una sentencia del Supremo amenaza la supervivencia de las organizaciones sociales en España

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El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 535/2013, de 12 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, donde alega que la Administración General del Estado no respeta la «competencia exclusiva en materia» de asistencia social.
La Plataforma del Tercer Sector, codemandada en el recurso, alega que las entidades del Tercer Sector son entidades colaboradoras en la ejecución de políticas públicas, a los efectos del artículo 149 de la Constitución Española, y que el Real Decreto impugnado se deriva de la aplicación del Real Decreto Ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, no impugnado ante el Tribunal Constitucional. La Abogacía del Estado alegó por su parte que la competencia estatal ampara la creación de dichas entidades colaboradoras y el otorgamiento de subvenciones como las previstas en el Real Decreto.
A pesar de ello, la sentencia dictada ayer por la Sala III del Tribunal Supremo declara nulo dicho decreto, estableciendo que la competencia exclusiva en materia de asistencia social es de las Comunidades Autónomas que la tengan en sus estatutos, como es el caso de Cataluña.
La decisión afecta a todo el territorio nacional, ya que establece que el Real Decreto impugnado es contrario al ordenamiento jurídico y, en concreto, al reparto constitucional de competencias, por encontrarse la relativa a la “asistencia social” atribuida con carácter exclusivo a las Comunidades Autónomas.
La Plataforma del Tercer sector “lamenta profundamente” este fallo, que “supondrá un gravísimo perjuicio para las cerca de 30.000 entidades que conforman el Tercer Sector”, según ha afirmado su presidente, Luciano Poyato.
Poyato se ha mostrado “muy preocupado por este fallo”, contra el que no cabe recurso, que “condiciona al sector y requiere de una acción inmediata” por parte del mismo, ya que no hay que olvidar que “casi el 90% de las entidades que lo conforman dependen directamente de estas subvenciones”.
Como medidas inmediatas, la Plataforma está estudiando los efectos inmediatos de la sentencia sobre las subvenciones convocadas y otorgadas al amparo del Real Decreto anulado, y prevé reunirse con responsables de Gobierno y grupos políticos para la búsqueda de una solución armonizada y coherente para un sector “que se enfrenta a un gran dilema tras el fallo del Tribunal Supremo”, y que es “fundamental para la cohesión social y atención a las personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión”.  El Tercer Sector en España beneficia actualmente a más de 6 millones de personas, cuya asistencia “puede quedar gravemente comprometida” si se avanza jurídicamente en esta línea, que prima “la defensa de las competencias autonómicas en detrimento del bien general”, ha afirmado Poyato.