ENLACE RECLAMA UNA POLÍTICA DE DROGAS MÁS JUSTA, QUE NO CRIMINALICE A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS

Tras más de 40 años de una política de drogas que pone el acento en la represión del tráfico y consumo de las sustancias declaradas ilegales por los gobiernos más poderosos del mundo, podemos afirmar que la misma, lejos de proteger la salud de las ciudadanas y ciudadanos, se ha ensañado con las personas consumidoras, estigmatizándolas, imponiéndoles severas penas y consiguiendo un deterioro de la salud propiciado por las circunstancias clandestinas de adquisición y consumo. Así, en estas últimas décadas, el contagio masivo del VIH y el virus de la Hepatitis C se ha cebado en las personas consumidoras de drogas ilegalizadas en todo el mundo.

Este enfoque punitivo, inicialmente basado en la creencia de que una respuesta dura sofocaría los mercados de drogas, no ha logrado reducir los niveles de consumo ni los riesgos asociados al mismo. Por el contrario, ha dado lugar a la discriminación y la estigmatización de las personas consumidoras, que, a día de hoy, suponen en torno al 70% de las personas encarceladas en España, y también en Andalucía. Estas personas han sido condenadas, en su mayoría, por delitos contra la propiedad –robos y hurtos principalmente- así como por pequeños trapicheos con drogas, en los dos casos como forma de poder costearse su consumo.

Reclamamos una política de drogas basada en las evidencias, tras décadas de fracaso de la actual, que supere los condicionamientos ideológico-morales y prime los derechos humanos por encima de todo, la salud y el bienestar de las personas que consumen drogas, sus familias y la comunidad en general. Numerosos/as expertos/as de todo el mundo, y cada vez más jefes de Gobierno, apuestan por un cambio radical en el enfoque de este problema.

SITUACIÓN EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA

Los efectos de la política internacional sobre drogas también se vienen sufriendo en España.

A las entidades de ENLACE nos preocupan mucho todas esas personas con problemas de drogodependencias que ya antes de la crisis económica se encontraban en situación de exclusión social: personas con problemas de adicción crónica, que viven en la calle o con unas condiciones de vida muy precarias, que tienen problemas graves de salud causados por su consumo en entornos de clandestinidad, como el VIH o la Hepatitis C, que padecen enfermedades mentales añadidas (patología dual), que no cuentan con apoyo socio-familiar, que están cumpliendo penas de prisión por delitos contra la propiedad o pequeños trapicheos de droga,… Nos preocupan estas personas porque, en estos momentos, se quedan fuera de gran parte de las políticas públicas en materia social, de empleo o salud.

• En todo el Estado se están cerrando centros, recursos públicos y programas de intervención dirigidos a una atención integral de la problemática de las drogodependencias. En Andalucía se han dejado de financiar algunos recursos, como los centros de día, y se están reduciendo de manera considerable las ayudas a las asociaciones que realizan tareas de atención y acompañamiento. En 2013, la partida presupuestaria de “Entidades Colaboradoras” del Plan Andaluz sobre Drogas ha sufrido una bajada del 45%.
• Las intervenciones dirigidas a favorecer la inserción laboral están disminuyendo drásticamente, de manera que estas personas encuentran más dificultades que nunca para incorporarse al mercado laboral. Los programas dirigidos a la adquisición de formación, habilidades y hábitos pre-laborales se están reduciendo e incluso desapareciendo (Andalucía Orienta, Red de Artesanos, Arquímedes, etc.).
• Por su parte, las personas drogodependientes que se encuentran privadas de libertad y gravemente enfermas están sufriendo directamente los recortes en relación a algunos medicamentos que no se les prescriben (Hepatitis C) o a suplementos alimentarios.
• Denunciamos la profunda injusticia de la reforma del Código Penal emprendida por el Gobierno, que supone una mayor represión y control penal de colectivos como el de las personas con problemas de drogodependencias, enfermas mentales o con patología dual, aumentando el tiempo de permanencia en prisión y/o bajo la Justicia Penal.

PEDIMOS UN CAMBIO RADICAL HACIA UNA POLÍTICA DE DROGAS NO CRIMINALIZADORA QUE PERSIGA REALMENTE LA PROTECCIÓN DE LA PERSONA Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS MÁS FUNDAMENTALES Y APUESTE POR LA EDUCACIÓN Y LA JUSTICIA SOCIAL.
EXIGIMOS UN APOYO MÁS DECIDIDO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDENCIAS, FOMENTANDO PROGRAMAS DE INCORPORACIÓN SOCIAL, GARANTIZANDO LAS AYUDAS PÚBLICAS A LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LAS ENTIDADES SOCIALES Y FACILITANDO A ÉSTAS EL ACCESO A LOS BIENES DECOMISADOS DEL NARCOTRÁFICO.