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NOESSO PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN Y EN LA XXXV ASAMBLEA DE UNAD

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IMG_0297UNAD celebró los días 27 y 28 de abril, en Madrid un Encuentro y posteriormente una Asamblea que logró reunir a más de 125 personas de la red, procedentes de todo el Estado con el propósito de construir, entre todas, el futuro de la organización. 

Durante el encuentro, las entidades pudieron compartir formación, ideas y propuestas de distinta índole. Una de las cuestiones más importantes que se trataron durante la jornada del jueves fue la necesidad de afrontar la reconversión del IRPF. El actual sistema de financiación del Tercer Sector desaparece, lo que exigirá un gran esfuerzo por parte de todas las organizaciones. En este contexto, quedó claro que la cohesión de la red de adicciones es indispensable para garantizar la pervivencia de los programas y servicios que se vienen prestando. 

Durante el encuentro, además, se compartieron tres experiencias: el abordaje de las adicciones unido a la violencia, el proceso de resocialización tras el paso por prisión y la actual realidad del juego online, en concreto, el abordaje con jóvenes.  Fueron experiencias muy diferentes que, sin embargo, comparten la misma filosofía: el modelo de intervención biopsicosocial. El jueves también estuvo marcado por el ocio; tras la cena se organizó un espectáculo de monólogo y música en vivo, exclusivo para la red UNAD. 

La jornada del viernes 28, se inauguró con el UNAD Market que sirvió para poner en valor los servicios que actualmente ofrecen las entidades de la red. Posteriormente, se celebró la Asamblea en la que hubo rendición de cuentas y aprobación de diversos documentos. Durante la Asamblea, las vocalías pudieron exponer sus opiniones y dudas, al igual que las entidades asistentes. De esta manera se cerraron dos jornadas dedicadas al diálogo, la formación y el debate sobre el futuro de la red de adicciones. 

*Tomado de la comunicación realizada por UNAD.

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EL PARLAMENTO ANDALUZ APRUEBA LA NUEVA LEY DE SERVICIOS SOCIALES

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NOESSO, como todo el Tercer Sector, valora como un gran avance la aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales.

La implicación del Tercer Sector, ha logrado que se disipen los miedos de esta norma, cuyo articulado no permitirá que la atención a las personas se conviertan en un negocio, de hecho, establecerá que, en igualdad de condiciones, las administraciones públicas priorizarán la colaboración con entidades de iniciativa social como fundaciones, asociaciones, organizaciones de voluntariado y entidades sin ánimo de lucro, entre otras.

La aprobación del texto en el Parlamente andaluz,  el pasado 14 de Diciembre, de la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía, será en adelante la norma que reconoce una amplia relación de derechos y que sustituye a la de 1988.

Hay que destacar, en este caso, el amplio consenso con el que ha contado, ya que ha sido aprobada con el respaldo de los grupos parlamentarios del PSOE-A, PP-A, Podemos y Ciudadanos y el único voto en contra de IULV-CA, blindará, con rango de ley, las coberturas básicas en esta materia, universalizará los servicios sociales y garantizará también la titularidad y la gestión pública de los servicios sociales comunitarios.

Entre las aportaciones del Tercer Sector, que finalmente recoge el texto aprobado, está el que las prestaciones y servicios se garanticen como derecho subjetivo, de provisión obligatoria por la Administración y que no estén sujetas a la disponibilidad presupuestaria, a la situación económica o al cumplimiento del déficit. Por otra parte, recoge una de las reivindicaciones del mundo asociativo, que no se permita que el mercado, puro y duro, comercie con los servicios a las personas, y se reconozca el papel que las entidades no lucrativas vienen realizando históricamente, para prestar, de manera complementaria con las administraciones, buena parte de estos servicios.

El régimen del concierto social se establece como una modalidad diferenciada del concierto regulado por la normativa de contratación del sector público.

Destacamos la relevancia de que la nueva norma incluya la incorporación de la figura del concierto social, el conjunto de Prestaciones de Servicios Sociales de Andalucía, el Mapa de Servicios Sociales, la Formulación del Plan Estratégico de Servicios Sociales o el Decreto de Autorización y Registro de Entidades, Centros y Servicios, entre otras.

Respecto al catálogo de prestaciones garantizadas destacan los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; los servicios específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada, y las prestaciones ligadas a las situaciones de dependencia. Todos ellos podrán exigirse ante los tribunales de justicia. Además, la ley prevé otras prestaciones condicionadas a la disponibilidad de recursos.

Esperamos que la ley abra paso a una nueva etapa en la que la administración garantice la prestación de los derechos que recoge y lo haga, como no podría ser de otro modo, atendiendo de manera especial e integral, a las personas más vulnerables.

SE HAN PRESENTADO A LOS REPRESENTANTES DE LA MESA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA LAS CLÁUSULAS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en un encuentro en el que la jefa del Ejecutivo autonómico presentó a las organizaciones miembros del Tercer Sector de Andalucía las nuevas cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública.

El pasado día 14 de Octubre, en Sevilla, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, recibió en la mañana de ayer a los representantes de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía. Susana Díaz estuvo acompañada de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y por la secretaria general de Servicios Sociales, Purificación Gálvez.

La presidenta del Ejecutivo andaluz les explicó los detalles del acuerdo que suscribió el pasado lunes el Gobierno andaluz con los sindicatos UGT-A y de CCOO en Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) por el cual se incorporarán cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos.

A partir de ahora las cláusulas sociales y medioambientales que incorporará Andalucía en la contratación de la Administración autonómica persiguen entre sus objetivos la «protección de los derechos laborales» de quienes trabajan en empresas que contratan con la Administración andaluza, garantizando entre otros aspectos salarios justos, condiciones laborales dignas o medidas para la conciliación.
De esta forma, la Junta y sus entes instrumentales incorporarán estas cláusulas con el fin de consolidar un tejido empresarial sostenible, así como promover la inserción laboral de las personas con más dificultades de acceso al empleo, primando a las personas que perciben la renta mínima, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y jóvenes menores de 30 años con escasa formación y experiencia laboral.

A partir de la aplicación de las cláusulas sociales, cualquier empresa que haya contratado con la Junta de Andalucía verá cancelado su contrato automáticamente si está dos meses sin abonar el salario a su plantilla.

También se establece la prohibición de contratar con la Junta para aquellas empresas que incumplen la legislación ambiental o han sido sancionadas por infracción muy grave en materia social. De este modo, quedarían excluidas directamente las empresas licitadoras con 50 o más trabajadores en cuya plantilla no estén contratados al menos un 2% de personas con discapacidad.

Además del contenido de las cláusulas sociales, la presidenta de la Junta de Andalucía trasladó a los representantes de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía su compromiso con que el proyecto de Ley de Servicios Sociales sea aprobado lo antes posible para poder desarrollar el concierto social, que permitirá a las entidades sociales acceder a la concertación en materia de servicios sociales con la administración andaluza.

La Mesa del Tercer Sector de Andalucía fue constituida en 2012 y está presidida por Manuel Sánchez Montero, e integrada, entre otras organizaciones, por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (CERMI-Andalucía); la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A); la Plataforma Andaluza de Voluntariado; Cáritas; Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Andalucía.

Cruz de la Orden Civil de Solidaridad Social a la Plataforma del Tercer Sector, que integra a NOESSO a través de UNAD

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Según afirmó la vicepresidenta del Gobierno en funciones,Soraya Sáenz de Santamaría, la cruz reconoce “a las personas físicas y jurídicas que se hayan distinguido de modo extraordinario en la promoción de actividades o servicios relacionados con la acción social que hayan redundado en beneficio del bienestar social”.
La Plataforma del Tercer Sector recibió dicho reconocimiento junto con la organización Plena Inclusión, la Asociación Valenciana de Caridad y el grupo empresarial Ilunion.
La Plataforma del Tercer Sector, prosiguió la vicepresidenta, “fundada por siete de las organizaciones sociales más representativas de nuestro país”, integra a “más de 600.000 trabajadores cuya actuación beneficia a más de seis millones de personas”, labor que la hace merecedora de dicho reconocimiento.
Por su parte, la organización Plena Inclusión ha sido distinguida por su trabajo durante más de 50 años en beneficio dela integración de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en la sociedad; la Asociación Valenciana de Caridad por su “trayectoria histórica” tras más de 100 años de actividad, y el grupo empresarial Ilunion por su labor en “la inclusión laboral de aquellas personas que cuentan con alguna capacidad diferente”, afirmó Santamaría. 
Sobre la Plataforma
La Plataforma del Tercer Sector en España se constituyó el 10 de enero de 2012 como una entidad sin ánimo de lucro que pretende defender el valor de lo social desde una voz unitaria, a la vez que intenta promover soluciones en favor de los colectivos más desfavorecidos, proteger los derechos sociales e impulsar la igualdad entre las personas.

La reforma de la Ley de Subvenciones del Gobierno nacional preocupa porque puede desaparecer el 90% de las entidades del tercer sector

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El Anteproyecto que modifica la Ley General de Subvenciones hasta ahora vigente conduciría a un verdadero calvario administrativo y a un altísimo riesgo financiero para las organizaciones del Tercer Sector dado el enorme empeoramiento que implica en cuanto  al acceso a las subvenciones, el cobro de anticipos, los porcentajes de cofinanciación, los procesos de justificación, y el régimen sancionador exorbitante.

En lo referente a aspectos relativos a cofinanciación, la Plataforma recuerda que el Anteproyecto establece un sistema de cofinanciación para todas las entidades objeto de subvención con independencia de los programas que se desarrollan, lo que implica que los servicios que se prestan a las personas en riesgo de exclusión social a través del Tercer Sector, tendrán que ser cofinanciados con otro tipo de fondos privados.

La Plataforma afirma que el sistema de servicios sociales y de mantenimiento de los derechos sociales básicos “no es una responsabilidad de la cual la administración pública pueda liberarse, dejándola en manos privadas, ya que resulta básico para el correcto funcionamiento democrático de una sociedad inclusiva”.

Además, insiste en que el sistema de cofinanciación lleva a la situación paradójica de que sean las propias entidades sociales las que están financiando a la administración pública para el cumplimiento de sus obligaciones con la ciudadanía más desprotegida.

De mantenerse la redacción propuesta, tal y como está redactada la cofinanciación, abocaría a muchas entidades receptoras de subvenciones del sector social a su material desaparición o bien a permitir la entrada de capital privado y lucrativo.

Sobre los aspectos relativos a la finalidad y posibles entidades receptoras, la PTS alerta de que la indefinición en algunos artículos puede abrir la percepción de subvenciones a entidades privadas que persiguen fines lucrativos. Es por ello que se pretende traer al artículo el concepto de “interés general” que figura en el texto de la Ley vigente.

En cuanto a los aspectos relativos a regulación de anticipos, la PTS lamenta que en la propuesta no se plantee modificar el artículo que establece que el pago de la subvención no se realizará hasta su justificación y recuerda que para las entidades del Tercer Sector de Acción Social tiene una especial incidencia la necesidad de liquidez para hacer frente a sus objetivos, por los que se ejecutan proyectos sociales de atención directa a colectivos vulnerables, que como norma general deberían comprender el pago anticipado de la subvención.

En caso contrario se obliga a las entidades a actuar sometidas a condiciones de crédito. De mantenerse la redacción propuesta, la regulación hará que sea casi imposible que entidades sin grandes recursos patrimoniales puedan abordar actividades subvencionadas.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha tenido varios encuentros en el marco de la Comisión de Diálogo Civil con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para abordar esta reforma.

Seminario Ley de Subvenciones

El Seminario organizado por la Plataforma, abordará, entre otras cuestiones, la experiencia del Tercer Sector en la tramitación de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y su impacto en el Tercer Sector, el anteproyecto de la nueva Ley General de Subvenciones y las principales novedades respecto a la legislación vigente, y previsible impacto en el sector.

Se trata de un coloquio abierto para debate y propuestas de las entidades del Tercer Sector sobre el anteproyecto de Ley. Posteriormente, se redactará un documento de conclusiones con los aspectos más relevantes abordados durante la jornada.

Quién integra la Plataforma

La Plataforma del Tercer Sector se constituyó el 10 de enero de 2012 como una entidad sin ánimo de lucro que pretende defender el valor de lo social desde una voz unitaria, a la vez que intenta promover soluciones en favor de los colectivos más desfavorecidos, proteger los derechos sociales e impulsar la igualdad entre las personas.

Fue fundada por siete de las organizaciones más representativas en el ámbito de lo social: Plataforma del Voluntariado de España (PVE),  Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).