En su última reunión del pasado 24 de Febrero la Junta Directiva de la Asociación NOESSO acordó, entre otras medidas, la de rebajar en una tercera parte el precio que han de pagar los usuarios que requieran de internamiento en la Comunidad Terapéutica, que esta entidad tiene en el paraje «La Quinta» de Laujar.

La medida fue tomada a la luz de un informe interno presentado en dicha sesión en el se evidencia la grave situación económica por la que atraviesan 2 de cada 3 personas que acuden demandando tratamiento de sus adicciones en régimen de internado. La consecuencia inmediata es que este recurso venía resultando totalmente inaccesible para quienes han sido doblemente afectados por la crisis económica actual.

Del análisis de las historias de vida que venimos recogiendo diariamente en nuestro Centro de Acogida nos encontramos con un perfil que se repite en el que predominan personas con baja cualificación, hombres en su gran mayoría, vinculados a diferentes profesiones, entre las que predominan oficios ligados al mundo de la construcción, que los tiempos de bonanza y especulación económica le han permitido alternar su consumo de diferentes drogas y el desempeño de su actividad laboral, y a los que la crisis actual no sólo ha dejado sin trabajo, sino que les ha sorprendido con una adicción que ha deteriorado su salud y de la que ahora no pueden liberarse.

Un cúmulo de problemas sociales, familiares, económicos y de salud sitúan a estas personas en una auténtica situación de exclusión social, que incluye también la de poder hacer frente a los gastos que acarrea el tratamiento de la adicción que padecen. Ante esta realidad el único camino que les queda es solicitar una plaza en el sistema público mediante un proceso que, según nuestras informaciones, conlleva un periodo medio de espera de cuatro meses.

Desde NOESSO no podemos permanecer al margen, gestionando un recurso social que, en la práctica, resulta inaccesible para quienes más lo necesitan. Por otra parte, se ve forzada a hacer verdaderos equilibrios para que resulte económicamente sostenible, dado que se trata de un tratamiento muy costoso, en el que están involucrados un equipo de 12 profesionales.

De cualquier forma, y obedeciendo ante todo a sus principios y valores, esta organización apuesta no sólo por mantener un programa de tratamiento económicamente deficitario, sino que da un paso más rebajando significativamente su precio. Al mismo tiempo quiere reclamar públicamente la urgente necesidad de ampliar el número de plazas públicas, o concertardas, para dar una respuesta adecuada y a tiempo a un problema social y de salud que está emergiendo con fuerza en estos momentos. Las organizaciones sociales podemos abaratar al máximo los costes, optimizar al máximo la eficacia y la eficiencia de los recursos, pero lo que no podemos es rebajar el listón de calidad que este complejo tratamiento requiere, y cuando se trata de un problema de salud, al que además no pueden dar respuesta los propios afectados, es el sistema público el que ha de hacer frente y cubrir esta demanda.