Muchos representantes de sectores básicos del Estado de bienestar están tratando de explicar por qué es tan peligroso recortar los servicios sociales, la sanidad y la educación. Yo también lo voy a intentar aprovechando que el sistema de atención a las drogodependencias tiene que ver con los tres anteriores. Las drogodependencias son un problema social, de salud y su prevención es básicamente una tarea educativa. Quisiera hacerlo de manera sencilla, sin caer en el melodrama, ni en la guerra de cifras.
Lo primero que conviene decir, para quien tenga la fortuna de no necesitar saberlo, es que nuestro sistema de atención a las drogodependencias es un buen sistema. Es muy profesional, está bien distribuido a lo largo el territorio nacional, en él confluyen especialidades sanitarias y psicosociales (tiene un enfoque biopsicosocial quizá como ningún otro servicio de nuestro país) y presta una atención de calidad a los pacientes y a sus familias. Siendo de responsabilidad pública, ha sido capaz de crear un sistema mixto en el que conviven recursos que gestiona directamente la administración con otros que gestiona la iniciativa privada, fundamentalmente ONG. Algo muy importante es que la gente que necesita ayuda y sus familias se sienten bien acogidas y atendidas. Las encuestas de satisfacción de los usuarios así lo atestiguan, pero también pueden preguntar a cualquiera que lo haya necesitado.
Lo segundo tiene que ver con su origen y probablemente con su futuro. El sistema público de atención a las drogodependencias y adicciones es relativamente nuevo en nuestro país. Se organizó a raíz de la enorme repercusión social que tuvo la epidemia de heroína de finales de los setenta y primeros ochenta. El Plan Nacional sobre Drogas se aprobó en 1985 y contó con el acuerdo explícito de todos los partidos políticos representados en la Cámara. De esta época es importante destacar la eficacia del consenso, pero también la relación entre “alarma social” y apuesta política.
Una vez en marcha no se especializó sólo en heroinómanos, que en su mayoría eran politoxicómanos, sino también en las otras dependencias: de la cocaína, del alcohol, del cannabis, etcétera; y más recientemente, en todo tipo de adicciones comportamentales: juego patológico, compras compulsivas, videojuegos, sexo, etc. También contribuyó eficazmente a detener la epidemia de sida de nuestro país.
Los profesionales que trabajamos en sus servicios hemos aprendido mucho en estos años sobre los mecanismos que nos someten a la dependencia, sea cual sea su causa, con sustancias o sin ellas, y sobre las estrategias que nos ayudan a emanciparnos, a ser personas más libres y autónomas. Un capital de conocimientos muy necesario, creo yo, para la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Aunque no seamos toxicómanos todos padecemos alguna dependencia y conocemos el precio que pagamos por ellas.
El origen de este plan debería hacernos reflexionar sobre su futuro. Nació frente a una crisis social y de salud. Ahora que la percepción social del problema ha disminuido, en parte, porque la respuesta ofrecida ha sido adecuada, parece que los políticos están menos interesados en mantenerla. Cuando el problema se situaba entre las tres primeras preocupaciones de los ciudadanos según las encuestas del CIS de la época, junto al paro y al terrorismo, los poderes públicos acudieron prestos a afrontarlo, ahora que la percepción del riesgo ha disminuido ¿qué harán? Un problema de esta índole no se mide por la alarma puntual que desencadena, sino por sus costes sociales, familiares, de salud y por el sufrimiento que provoca. También por sus costes económicos, que son muchos. Si queremos ser un país serio no podemos correr de un lado a otro apagando fuegos más o menos mediáticos. Incluso desde la lógica de la austeridad más estricta debemos conservar aquello que es valioso de lo que hemos construido.
Desgraciadamente los recortes hace tiempo que han empezado, tanto en el sector estrictamente público, como en programas dependientes de ONG con tanta implantación como Cruz Roja, Proyecto Hombre, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) o la Fundación Atenea y de otras muchas que actúan a nivel autonómico o local. Lo que no sabemos es hasta donde van a llegar. Y no podemos saberlo porque no lo dicen, porque no se hacen públicos los planes. Lo único que se conoce son las magnitudes de los recortes que emanan de los consejos de gobierno y parecen realizarse a tanto alzado: ¡Recorten un 20%, un 30%, o, mejor, un 50%!, sin más criterios que los puramente económicos, sin distinguir entre lo necesario, lo superfluo y lo imprescindible, sin preguntar y sin dar explicaciones. Realizados de esa manera pueden producir un colapso del sistema sin necesidad de desmantelarlo.
En cualquier caso, se echan en falta transparencia y capacidad de diálogo con los profesionales del sector y con los ciudadanos involucrados. ¿Es que hemos dejado de ser interlocutores válidos? Esta manera de hacer las cosas no solo recorta derechos y servicios, sino que deteriora las prácticas democráticas de dialogo y consenso que tanto trabajo nos ha costado adquirir en este país.
Llegados a este extremo de equilibrio desigual entre los que deciden y los que tienen que ejecutar o acatar esas decisiones, recordamos otro aspecto relacionado con los orígenes del sistema. En los años 80, las asociaciones de afectados, constituidas fundamentalmente por madres, prácticamente habían declarado la guerra a los poderes públicos, exigiendo, en la calle, una respuesta ante las consecuencias de la droga. El movimiento de “lucha contra la droga” fue el último gran movimiento ciudadano de esas características que se recuerda en nuestro país.
En su momento, se pudo encauzar de manera sensata y colaboradora, poniendo de acuerdo a políticos, ciudadanos y técnicos. ¿Qué haremos ahora?
Alfonso Ramírez de Arellano es vicepresidente de la Fundación Atenea.
(PUBLICADO EN EL DIARIO EL PAÍS, EL 28 ENE 2013)
