A la presentación del Informe asistieron además de la Directora General de Infacia y Familias, Dª Mª Teresa Vega, el equipo de profesionales que ha intervenido en la elaboración del Documento, además de un importante grupo de directivos y agentes implicados en al gestión de los centros de Menores con Trastornos de Conducta.

En el acto D. Carlos Belda Grindley, Psicólogo, del Observatorio de la Infancia en Andalucía. Granada presentó en primer lugar el proceso seguido para la recogida de la información, la revisión científica, la visita a la totalidad de los Centros existentes en Andalucía. En un segundo momento Dª Consuelo expuso la propuesta de Modelo de Intervención en centros de acogimiento residencial que atienden a menores con graves trastornos de conducta, el protocolo de derivación a centros de acogimiento residencial para menores que presentan trastornos de conducta. Por último, tomo la palabra nuevamente Carlos Belda, para hacer un balance final del trabajo y las conclusiones del Informe.

De las conclusiones presentadas cabe destacar:

– La totalidad de los centros se ajustan a la normativa vigente y cuentan con los requisitos materiales y funcionales exigidos para el desarrollo de la adecuada atención a los menores.

– Los profesionales adscritos a estos Centros cumplen con las exigencias de titulación académica requerida, sin embargo se detecta la ausencia en muchos casos de una formación específica.

– Los recursos intermedios (programas de salud mental, centros provinciales de drogodependencias, etc.) no dan las respuestas necesarias y suficientes para atender las necesidades de este tipo de menores.

– Tanto para el ingreso como para la estancia de los menores en este tipo de centros específicos se requiere una implicación de todos los agentes del sistema de atención social. No existe una intervención preventiva y existe una alta variabilidad en los procedimientos utilizados para abordar en el medio donde surgen estos trastornos de conducta.

– No se cuenta con un protocolo marco de actuación para afrontar las situaciones críticas que pueden producirse con estos menores (autolisis, agresiones, destrozos, …).

– Las decisiones para el diagnósticio y derivación no están basadas en instrumentnos estructurados o estandarizados.

– Existe cierto grado de indefinición de los tratamientos utilizados. En algumnos casos no se cuenta con una clara definición de los objetivos del tratamiento y evaluación de la intervención.

– Hay muchos casos en la información sobre el expediente del menor es muy deficiente o llega mucho más tarde que el menor.

– No todos los menores ingresan con autorización judicial.

Propuestas:

De manera global se apuesta por una norma específica que aborde los aspectos particulares del funcionamiento de los Centros residenciales para los menores con trastornos de conducta. De manera más concreta se propone:

– Espacios exclusivos para los menores y no compartidos con adultos.

– El acceso y la ubicación de los centros debe mejorarse de manera que su ubicación no suponga una barrera para la utilización de otros recursos y programas complementarios.

– Debe potenciarse, en la medida de los posible, la escolarización, los programas de inserción laboral, etc. en recursos normalizados.

– Creación de un programa específico para graves trastornos de la conducta asociados a la drogodependencia.

– Mejora de los mecanismos de información previa sobre el menor y su situación.

– Mejora de los cauces de comunicación de las incidencias graves.

– Especialización de los profesionales del SPM.

– Garantizar el derecho fundamental a la libertad e intimidad de los menores.

– Elaborar un protocolo de actuación para situaciones especialmente críticas (autolisis, agresiones, administración de fármacos, medidas de contención,…).

– Aumentar la ratio de personal y mejorar la cualifiación y especialización del personal educativo y técnico.

– Informar y preparar a los menores antes de su traslado a estos centros y promover su particiapción en las decisiones que les afectan.

– La evaluación psicológica ha de realizarse apoyada en instrumentos estandarizados.

– Elaboración de un protocolo de detección precoz de los trastornos de conducta.

– Utilización de tratamientos reconocidos como eficaces y basados en evidencias empíricas.

( Puede verse el Informe completo en la página del Observatorio de la Infancia de Andalucía)