Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el movimiento asociativo que trabaja en la prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones, demandan nuevas políticas de drogas que prioricen la salud pública y los derechos humanos frente a la mera prohibición y criminalización de quienes las consumen.

Ante el fracaso de las políticas que criminalizan apostamos por políticas que previenen y que rehabilitan.

 El uso de sustancias con propiedades psicoactivas está ligada a la historia de la humanidad. Se han utilizado en todos los tiempos y por todas las culturas. Sin embargo la forma en que cada cultura las emplea y las regula puede acarrear muchas y muy diversas complicaciones.

El abordaje que ha predominada hasta ahora es el de prohibir su venta, perseguir a quienes trafican y criminalizar a las personas que las utilizan. A esto se destina el mayor esfuerzo en personas y recursos económicos en nuestro país. Baste solo un dato, para hacer visible el enfoque que damos a esta problemática. En Almería existe una población reclusa de 820 personas, de esta población se calcula que cerca del 50 % de estas personas, sus delitos están asociados directa o indirectamente al consumo y tráfico de drogas. Mientras tanto, solo contamos con veinte plazas concertadas en Almería, para el internamiento y tratamiento en comunidades terapéuticas de personas con problemas de adicciones.

Cuando se produce una condena susceptible de buscar alternativa a la prisión generalmente no es posible.

Aprovechando la celebración de este día hemos visitado a la Presidenta de la Audiencia Provincial Dª Lourdes Molina y al Juez Decano, Don Luís Columna, para hacerles partícipes de nuestras preocupaciones y pedir que se apliquen las medidas alternativas de ingreso a la prisión, y lejos de encontrar disparidad de criterios, en ambos casos hemos encontrado actitudes de acogida y agradecimiento por nuestra iniciativa. Las dificultades son de orden estructural. Cuando se solicita una plaza pública el tiempo de espera suele ser muy largo, y “cuando se dicta una sentencia la única opción que queda es aplicar la pena, en el recurso de que se dispone, la cárcel”, nos confesaba el Juez Columna.

La violencia de género, y las condenas por conducción bajo los efectos de las drogas dos de los delitos en alza, vinculados a las adicciones.

En este Día no podemos olvidar la brecha de género. La doble penalización social y familiar contra las mujeres. Cuando son consumidoras porque son víctimas de rechazo y, con frecuencia de malos tratos, desde su entorno más próximo, y cuando su rol es el de compañeras de hombres con adicciones, porque son igualmente objetos de abuso y violencia por parte de los mismos.

Por último señalar el aumento de los delitos donde el consumo de alcohol y otras drogas está por medio. No pedimos que se baje la guardia ante este tipo de conductas temerarias que tantas vidas se lleva por delante, pero sí que se multipliquen las herramientas educativas y preventivas, que prácticamente se han barrido con la llegada de la crisis.

Menos prisión y más recursos educativos y terapéuticos

 Nuestra alternativa es clara: Menos prisión y más recursos educativos y terapéuticos. No pedimos más recursos, sino que buena parte de lo que gastamos en represión administrativa y en mantener a personas privadas de libertad, con delitos asociados a su consumo y adicciones, lo empleemos en medidas restaurativas.

El coste diario aproximado de una persona ingresada en prisión, según un Informe de Consejo de Europa (2012) es de 1950 €, mucho más de lo que cuesta el tratamiento en una Comunidad Terapéutica, y las consecuencias y resultados no tienen parangón posible.