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La Federación FADAL y ENLACE alertan del aumento de los problemas de adicciones y demandan más apoyo de las Administraciones Públicas

La Federación Andaluza ENLACE, en la que se encuentra integrada Federación de Intervención en Adicciones de Almería (FADAL), con motivo del 26 de junio “Día Internacional de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”, hace balance de los últimos 10 años en materia de drogodependencias y alerta de la injustificable bajada presupuestaria en un periodo de aumento de la demanda de atención. En palabras de Antonio Escobar, presidente de ENLACE, “entre 2006 y 2014, el número de personas que han accedido a tratamiento en los centros públicos de atención ha sufrido un incremento del 21,50%, mientras el presupuesto del Plan Andaluz sobre Drogas se ha visto reducido entre 2006 y 2015 un 17,34%”. Si atendemos a la parte del presupuesto de drogodependencias destinada a “Entidades Colaboradoras”, esta bajada es aún mayor (del 83%), afectando gravemente a los servicios de prevención y tratamiento prestados por las entidades sin ánimo de lucro. “Las asociaciones estamos desbordadas y asfixiadas”, afirma Escobar.

Según los últimos datos recabados en las más de 100 entidades federadas en ENLACE, éstas han atendido a cerca de 9.000 personas en 2014 sin contar los programas de prevención (25% mujeres), frente a las 5.857 personas atendidas en 2005. Se trata de un incremento de casi el 54% en 10 años, incremento que las asociaciones han ido abordando con muchísimas dificultades y precariedad laboral.
Las cifras de la provincia de Almería
En 2014, la labor que desempeñaron las asociaciones miembros de FADAL, que trabajan contra las adicciones en la provincia de Almería, dejó las siguientes cifras: se atendieron a 1.925 personas (de las cuales el 80% fueron hombres y el 20% mujeres). Es preciso señalar que estos datos recogen no sólo personas en tratamiento de sus adicciones, sino que incluye actuaciones preventivas con menores en situación de riesgo, programas encaminados a la inserción sociolaboral, adicciones sin sustancia, etc.
Las asociaciones incluidas en FADAL dan empleo a 72 profesionales para llevar adelante su labor, y contaron con la colaboración de 221 voluntarios en esta tarea. El movimiento asociativo de lucha contra las adicciones está respaldado, además, por 1.954 asociados.
Las reivindicaciones de FADAL
Las entidades agrupadas en la Federación almeriense FADAL reclamamos:
1.- A los medios de comunicación social un compromiso activo con mensajes preventivos, que no relativice el consumo de drogas y los riesgos para la salud que este conlleva.
2.- A las diferentes administraciones las emplazamos a retomar un compromiso activo centrado en el ámbito de la prevención y atención temprana de los usos y abusos de las diferentes drogas.
3.- Denunciamos que la mayor parte de las mujeres con problemas de adicciones se encuentran en una situación de invisibilidad y que, mientras que los datos de indicadores de consumo de drogas de hombres y mujeres se van equiparando cada vez más, el acceso a los recursos terapéuticos sigue siendo casi exclusivamente de hombres.
4.- Reclamamos que le III Plan Andaluz de Drogas, en cuya elaboración se implicaron la mayor parte de las entidades del sector junto a la Administración, sea de una vez desempolvado y se pongan en marcha las importantes medidas que incluye.
5.- Por último, demandamos de la Administración pública andaluza, un reparto más justo y equitativo de los dispositivos y recursos disponibles para el tratamiento de las adicciones, en función del peso poblacional y de las necesidades reales en esta materia. Así, por ejemplo, nos encontramos con que en Almería hay sólo 20 plazas para tratamiento en Comunidad Terapéutica concertadas, de las 453 existentes, entre públicas y privadas concertadas, creadas en Andalucía.
FADAL y ENLACE apostamos por una nueva actitud política en materia de drogodependencia
En el presente contexto de precariedad, nuestras Federaciones tememos las consecuencias que las últimas reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal van a tener para el colectivo de personas que atienden. En palabras de Antonio Escobar, “estas reformas afectan gravemente a nuestro movimiento asociativo en todo lo tocante a derechos como el de libertad de expresión y de libre información o el de manifestación, pero también complicará la situación de muchas de las personas que acuden en demanda de apoyo a nuestras asociaciones”. Según ENLACE, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se ensaña con las personas consumidoras de drogas y con las que tienen menos recursos, aumentando las conductas prohibidas e incrementando los castigos. La multa mínima para las infracciones por tenencia o consumo aumentan a partir del 1 de julio hasta los 601 euros, 1,5 veces los 400 euros con los que tienen que salir adelante muchas familias con todos sus miembros desempleados. Por otro lado, la Federación también se muestra preocupada por la reforma del Código Penal, ya que supone un nuevo incremento punitivo para la delincuencia patrimonial tradicional de robos y hurtos, la que encaja con las personas más excluidas y aquellas con problemas graves de drogodependencias que delinquen a causa de su adicción, y además elimina figuras jurídicas que llevaban décadas demostrando su eficacia resocializadora, como es el caso de la libertad condicional.
Con motivo del Día Internacional de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, FADAL y ENLACE se suman a la Campaña Internacional “Support, Don´t Punish (Apoya, No Castigues)”, suscrita por miles de personas y entidades sociales de todo el mundo que reclaman una política de drogas menos criminalizadora y más respetuosa con los derechos humanos. Según declaraciones de Antonio Escobar, “con la actual política de drogas no se evita la proliferación de nuevas sustancias y su adulteración, estamos exponiendo a la gente joven a acudir a un mercado negro controlado por mafias sin escrúpulos. Creemos necesario plantear y debatir nuevas alternativas de regulación ante el manifiesto fracaso de la llamada guerra contra las drogas”. En este sentido, las asociaciones que componen ENLACE abogan por una política de drogas más realista, basada en la evidencia científica y no en cuestiones morales, más dirigida a la prevención y a la reducción de daños que a la actual persecución de las personas consumidoras.

UNAD y Federación Enlace se reúnen con el presidente de la Comisión de Justicia

Durante la visita, que tuvo lugar el pasado 29 de abril, UNAD y la Federación Andaluza Enlace despacharon con Alfredo Prada, diputado del Grupo Popular y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que es la encargada de la tramitación de este texto normativo. En la reunión se realizó un exhaustivo análisis de la situación actual y se expusieron propuestas de mejora.

Luciano Poyato y Carmen Martínez, miembros de la Junta Directiva de UNAD explicaron que muchas de las personas con problemas de drogas cometen delitos para mantener la adicción insistiendo en que si reciben el tratamiento adecuado no vuelven a delinquir. Por ello, la red UNAD entiende que se deben ofrecer alternativas terapéuticas y educativas ya que la prisión no resuelve la situación, sino que la empeora. También se enumeraron las diferentes alternativas a la cárcel que propone UNAD.
En el encuentro se explicó que es socialmente más rentable la rehabilitación de las personas con adicciones que su ingreso en prisión. Desde un punto de vista estrictamente económico se calcula que ingresar en una comunidad terapéutica en vez de en prisión supone un ahorro de unos 1000 euros mensuales; esta cantidad asciende a 2000 euros mensuales cuando se sustituye por tratamiento ambulatorio. El ahorro sería superior a los 2000 euros al mes si se sustituye por multa complementada con algún seguimiento. Además, se denunció que actualmente hay unas 42.000 personas con drogodependencias en prisión a las que el sistema judicial no ofrece respuesta.

En relación a la reforma del Código Penal, tanto Luciano Poyato como Carmen Martínez explicaron los cinco bloques a los que se refieren las mejoras planteadas, que se centran en los delitos patrimoniales, las alternativas a la prisión tradicionales como la suspensión, las medidas de seguridad, las circunstancias eximentes y atenuantes de la responsabilidad criminal y, por último, la introducción en el código penal de la mediación.

Sobre UNAD
UNAD es la mayor ONG de Europa dedicada a la atención de las drogodependencias y está integrada por más de 250 entidades repartidas por todo el Estado. Esta red desarrolla anualmente más de 2.000 programas, de los que se benefician alrededor de 1.200.000 personas.

ENLACE RECLAMA UNA POLÍTICA DE DROGAS MÁS JUSTA, QUE NO CRIMINALICE A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS

ENLACE RECLAMA UNA POLÍTICA DE DROGAS MÁS JUSTA, QUE NO CRIMINALICE A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS

Tras más de 40 años de una política de drogas que pone el acento en la represión del tráfico y consumo de las sustancias declaradas ilegales por los gobiernos más poderosos del mundo, podemos afirmar que la misma, lejos de proteger la salud de las ciudadanas y ciudadanos, se ha ensañado con las personas consumidoras, estigmatizándolas, imponiéndoles severas penas y consiguiendo un deterioro de la salud propiciado por las circunstancias clandestinas de adquisición y consumo. Así, en estas últimas décadas, el contagio masivo del VIH y el virus de la Hepatitis C se ha cebado en las personas consumidoras de drogas ilegalizadas en todo el mundo.

Este enfoque punitivo, inicialmente basado en la creencia de que una respuesta dura sofocaría los mercados de drogas, no ha logrado reducir los niveles de consumo ni los riesgos asociados al mismo. Por el contrario, ha dado lugar a la discriminación y la estigmatización de las personas consumidoras, que, a día de hoy, suponen en torno al 70% de las personas encarceladas en España, y también en Andalucía. Estas personas han sido condenadas, en su mayoría, por delitos contra la propiedad –robos y hurtos principalmente- así como por pequeños trapicheos con drogas, en los dos casos como forma de poder costearse su consumo.

Reclamamos una política de drogas basada en las evidencias, tras décadas de fracaso de la actual, que supere los condicionamientos ideológico-morales y prime los derechos humanos por encima de todo, la salud y el bienestar de las personas que consumen drogas, sus familias y la comunidad en general. Numerosos/as expertos/as de todo el mundo, y cada vez más jefes de Gobierno, apuestan por un cambio radical en el enfoque de este problema.

SITUACIÓN EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA

Los efectos de la política internacional sobre drogas también se vienen sufriendo en España.

A las entidades de ENLACE nos preocupan mucho todas esas personas con problemas de drogodependencias que ya antes de la crisis económica se encontraban en situación de exclusión social: personas con problemas de adicción crónica, que viven en la calle o con unas condiciones de vida muy precarias, que tienen problemas graves de salud causados por su consumo en entornos de clandestinidad, como el VIH o la Hepatitis C, que padecen enfermedades mentales añadidas (patología dual), que no cuentan con apoyo socio-familiar, que están cumpliendo penas de prisión por delitos contra la propiedad o pequeños trapicheos de droga,… Nos preocupan estas personas porque, en estos momentos, se quedan fuera de gran parte de las políticas públicas en materia social, de empleo o salud.

  • En todo el Estado se están cerrando centros, recursos públicos y programas de intervención dirigidos a una atención integral de la problemática de las drogodependencias. En Andalucía se han dejado de financiar algunos recursos, como los centros de día, y se están reduciendo de manera considerable las ayudas a las asociaciones que realizan tareas de atención y acompañamiento. En 2013, la partida presupuestaria de “Entidades Colaboradoras” del Plan Andaluz sobre Drogas ha sufrido una bajada del 45%.
  • Las intervenciones dirigidas a favorecer la inserción laboral están disminuyendo drásticamente, de manera que estas personas encuentran más dificultades que nunca para incorporarse al mercado laboral. Los programas dirigidos a la adquisición de formación, habilidades y hábitos pre-laborales se están reduciendo e incluso desapareciendo (Andalucía Orienta, Red de Artesanos, Arquímedes, etc.).
  • Por su parte, las personas drogodependientes que se encuentran privadas de libertad y gravemente enfermas están sufriendo directamente los recortes en relación a algunos medicamentos que no se les prescriben (Hepatitis C) o a suplementos alimentarios.
  • Denunciamos la profunda injusticia de la reforma del Código Penal emprendida por el Gobierno, que supone una mayor represión y control penal de colectivos como el de las personas con problemas de drogodependencias, enfermas mentales o con patología dual, aumentando el tiempo de permanencia en prisión y/o bajo la Justicia Penal.

PEDIMOS UN CAMBIO RADICAL HACIA UNA POLÍTICA DE DROGAS NO CRIMINALIZADORA QUE PERSIGA REALMENTE LA PROTECCIÓN DE LA PERSONA Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS MÁS FUNDAMENTALES Y APUESTE POR LA EDUCACIÓN Y LA JUSTICIA SOCIAL.
EXIGIMOS UN APOYO MÁS DECIDIDO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDENCIAS, FOMENTANDO PROGRAMAS DE INCORPORACIÓN SOCIAL, GARANTIZANDO LAS AYUDAS PÚBLICAS A LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LAS ENTIDADES SOCIALES Y FACILITANDO A ÉSTAS EL ACCESO A LOS BIENES DECOMISADOS DEL NARCOTRÁFICO.

ENLACE SE MUESTRA ESPERANZADA ANTE LA APROBACIÓN DEL DECRETO CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL DEL EJECUTIVO ANDALUZ

La Federación Andaluza ENLACE, de entidades de Drogodependencias y Adicciones, VIH y Exclusión Social valora de manera muy positiva la iniciativa del Gobierno andaluz para hacer frente al gravísimo problema de exclusión social que vive un número creciente de personas y familias en nuestra comunidad autónoma y espera que no se olvide a los colectivos que ya antes de la crisis sufrían situaciones de exclusión social, como drogodependientes de larga duración, personas sin hogar, mujeres con especiales dificultades añadidas, personas privadas de libertad, etc.
Ciertamente, la situación de absoluta excepcionalidad que estamos viviendo, obliga a poner en marcha iniciativas que protejan a las personas y familias más vulnerables. En palabras de Antonio Escobar, presidente de ENLACE, “los recursos económicos de la Junta de Andalucía, que pertenecen a todas y todos los andaluces, deben volcarse en hacer frente a este drama humano”.
Por otro lado, ENLACE pide al Gobierno de Griñán que no se olvide de las personas que ya venían sufriendo exclusión social antes de que la crisis económica actual irrumpiera en Andalucía. Podría ser el caso de las personas drogodependientes más deterioradas, que en estos momentos no cuentan con programas como el “Andalucía Orienta”, que se ha mostrado imprescindible en un colectivo con muy poca formación y escasos hábitos laborales pues incidía en la preparación pre-laboral, siempre necesaria para situar a la persona en posición de búsqueda de empleo a largo plazo. O con los programas de reducción de daños para las personas consumidoras de drogas en activo, que se están viendo reducidos e incluso cancelados en todo el Estado.
Finalmente, la Federación Andaluza pide al equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía que cuente con la experiencia y cercanía del tejido asociativo, con las redes del tercer sector y con los recursos ya existentes para llevar a cabo las medidas planeadas.

La Federación «ENLACE» lleva al Defensor del Pueblo el cierre de los Centros de Día

Ante el miedo a que una medida que parecía provisional se convierta en definitiva, la Federación ENLACE, de la que «No Estás Solo» forma parte, recurre a la Oficina del Defensor del Pueblo para que se interese por el asunto.

Las alegaciones que se presentan se centran en que han transcurrido ya más de 7 meses desde que la Consejería de Salud y Bienestar Social diera por finalizados los Convenios para la gestión de los 9 Centros de Día que se firmaban anualmente con las  entidades sociales que los desarrollaban. De este modo, una situación que se planteaba como provisional, y a la espera de que se finalizara una revisión del mapa de recursos y servicios pertenecientes a la Red Asistencial  de  Drogodependencias y Adicciones de Andalucía, está convirtiéndose en una situación con cierta perdurabilidad en el tiempo que nos hace temer su carácter definitivo.

Se ofreció a las entidades afectadas  la posibilidad de que concurrieran a la convocatoria de subvenciones, pero lo cierto es que dicha partida  presupuestaria, en lugar de aumentar lo correspondiente a los Centros de Día, se vio disminuida en 2012 en un 34,40% en lo que se refiere a las entidades federadas en ENLACE, actualmente 105. Ello ha supuesto que el conjunto de nuestras entidades han tenido que reducir, un año más, los servicios y programas desarrollados dentro del plan (no sólo Centros de Día). Para 2013, el presupuesto andaluz plantea una reducción de un 45% de la partida de entidades colaboradoras del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, con lo que habrá un presupuesto inferior para un mayor número de programas y servicios si se ha de incluir a los a los Centros de Día.

La citada revisión del mapa de recursos y servicios se está alargando en demasía, y, hasta el momento, las  entidades sociales que aportamos al Plan Andaluz de Drogas y Adicciones numerosos centros y programas,  que han supuesto que nuestra Comunidad Autónoma sea pionera en este ámbito de actuación, no estamos teniendo participación en la misma.

Entendemos que se deba hacer una revisión del Mapa de  Servicios/recursos, y en concreto del  programa de Centro de Día, para adecuar la oferta a las necesidades reales y actuales de las personas  usuarias  y de la comunidad. Pero solicitamos que esta revisión se resuelva cuanto antes y se dé participación en la misma a las entidades que gestionan los recursos concretos.

Finalmente, se solicita al Defensor que se agilicen las gestiones de evaluación de los servicios y recursos de la red asistencial de drogodependencias y adicciones y se dé participación en dicha evaluación a las entidades sociales que vienen gestionando parte de dichos servicios.