La Federación FADAL y ENLACE alertan del aumento de los problemas de adicciones y demandan más apoyo de las Administraciones Públicas

La Federación Andaluza ENLACE, en la que se encuentra integrada Federación de Intervención en Adicciones de Almería (FADAL), con motivo del 26 de junio “Día Internacional de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”, hace balance de los últimos 10 años en materia de drogodependencias y alerta de la injustificable bajada presupuestaria en un periodo de aumento de la demanda de atención. En palabras de Antonio Escobar, presidente de ENLACE, “entre 2006 y 2014, el número de personas que han accedido a tratamiento en los centros públicos de atención ha sufrido un incremento del 21,50%, mientras el presupuesto del Plan Andaluz sobre Drogas se ha visto reducido entre 2006 y 2015 un 17,34%”. Si atendemos a la parte del presupuesto de drogodependencias destinada a “Entidades Colaboradoras”, esta bajada es aún mayor (del 83%), afectando gravemente a los servicios de prevención y tratamiento prestados por las entidades sin ánimo de lucro. “Las asociaciones estamos desbordadas y asfixiadas”, afirma Escobar.

Según los últimos datos recabados en las más de 100 entidades federadas en ENLACE, éstas han atendido a cerca de 9.000 personas en 2014 sin contar los programas de prevención (25% mujeres), frente a las 5.857 personas atendidas en 2005. Se trata de un incremento de casi el 54% en 10 años, incremento que las asociaciones han ido abordando con muchísimas dificultades y precariedad laboral.

En 2014, la labor que desempeñaron las asociaciones miembros de FADAL, que trabajan contra las adicciones en la provincia de Almería, dejó las siguientes cifras: se atendieron a 1.925 personas (de las cuales el 80% fueron hombres y el 20% mujeres). Es preciso señalar que estos datos recogen no sólo personas en tratamiento de sus adicciones, sino que incluye actuaciones preventivas con menores en situación de riesgo, programas encaminados a la inserción sociolaboral, adicciones sin sustancia, etc.

Las asociaciones incluidas en FADAL dan empleo a 72 profesionales para llevar adelante su labor, y contaron con la colaboración de 221 voluntarios en esta tarea. El movimiento asociativo de lucha contra las adicciones está respaldado, además, por 1.954 asociados.

Las entidades agrupadas en la Federación almeriense FADAL reclamamos:

1.- A los medios de comunicación social un compromiso activo con mensajes preventivos, que no relativice el consumo de drogas y los riesgos para la salud que este conlleva.

2.- A las diferentes administraciones las emplazamos a retomar un compromiso activo centrado en el ámbito de la prevención y atención temprana de los usos y abusos de las diferentes drogas.

3.- Denunciamos que la mayor parte de las mujeres con problemas de adicciones se encuentran en una situación de invisibilidad y que, mientras que los datos de indicadores de consumo de drogas de hombres y mujeres se van equiparando cada vez más, el acceso a los recursos terapéuticos sigue siendo casi exclusivamente de hombres.

4.- Reclamamos que le III Plan Andaluz de Drogas, en cuya elaboración se implicaron la mayor parte de las entidades del sector junto a la Administración, sea de una vez desempolvado y se pongan en marcha las importantes medidas que incluye.

5.- Por último, demandamos de la Administración pública andaluza, un reparto más justo y equitativo de los dispositivos y recursos disponibles para el tratamiento de las adicciones, en función del peso poblacional y de las necesidades reales en esta materia. Así, por ejemplo, nos encontramos con que en Almería hay sólo 20 plazas para tratamiento en Comunidad Terapéutica concertadas, de las 453 existentes, entre públicas y privadas concertadas, creadas en Andalucía.

En el presente contexto de precariedad, nuestras Federaciones tememos las consecuencias que las últimas reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal van a tener para el colectivo de personas que atienden. En palabras de Antonio Escobar, “estas reformas afectan gravemente a nuestro movimiento asociativo en todo lo tocante a derechos como el de libertad de expresión y de libre información o el de manifestación, pero también complicará la situación de muchas de las personas que acuden en demanda de apoyo a nuestras asociaciones”. Según ENLACE, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se ensaña con las personas consumidoras de drogas y con las que tienen menos recursos, aumentando las conductas prohibidas e incrementando los castigos. La multa mínima para las infracciones por tenencia o consumo aumentan a partir del 1 de julio hasta los 601 euros, 1,5 veces los 400 euros con los que tienen que salir adelante muchas familias con todos sus miembros desempleados. Por otro lado, la Federación también se muestra preocupada por la reforma del Código Penal, ya que supone un nuevo incremento punitivo para la delincuencia patrimonial tradicional de robos y hurtos, la que encaja con las personas más excluidas y aquellas con problemas graves de drogodependencias que delinquen a causa de su adicción, y además elimina figuras jurídicas que llevaban décadas demostrando su eficacia resocializadora, como es el caso de la libertad condicional.

Con motivo del Día Internacional de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, FADAL y ENLACE se suman a la Campaña Internacional “Support, Don´t Punish (Apoya, No Castigues)”, suscrita por miles de personas y entidades sociales de todo el mundo que reclaman una política de drogas menos criminalizadora y más respetuosa con los derechos humanos. Según declaraciones de Antonio Escobar, “con la actual política de drogas no se evita la proliferación de nuevas sustancias y su adulteración, estamos exponiendo a la gente joven a acudir a un mercado negro controlado por mafias sin escrúpulos. Creemos necesario plantear y debatir nuevas alternativas de regulación ante el manifiesto fracaso de la llamada guerra contra las drogas”. En este sentido, las asociaciones que componen ENLACE abogan por una política de drogas más realista, basada en la evidencia científica y no en cuestiones morales, más dirigida a la prevención y a la reducción de daños que a la actual persecución de las personas consumidoras.